Coparmex, Caintra y Canaco calificaron la medida como improvisada, sin sustento legal, técnico y económico, que busca trasladar a las empresas la responsabilidad del gobierno estatal de brindar buen transporte público.
por Esther Herrera de Milenio
Coparmex, Caintra y Canaco se unieron para expresar su rechazo a la medida anunciada por el gobierno de Nuevo León, que consiste en que las empresas deberán de proporcionar transporte privado a sus trabajadores para evitar mayores contagios del covid-19.
“Pensamos que es una medida improvisada y sin sustento legal, técnico y económico, que busca trasladar a las empresas una responsabilidad inherente al gobierno estatal. Estamos en la mejor disposición de coadyuvar en contener la pandemia, pero con medidas razonables y que impliquen la participación de todos los sectores”, señala el texto.
En un comunicado conjunto, los organismos empresariales indicaron que la medida que propone el gobierno del estado está fuera del alcance logístico, operativo y financiero de un gran número de Pymes, que, ante tal situación, se verían en riesgo de cierre y, en consecuencia, provocaría la pérdida de más empleos.
“En representación de los empresarios de Nuevo León manifestamos nuestro rechazo a las autoridades estatales por el anuncio de cerrar aquellas empresas que no brinden transporte privado a sus trabajadores.
“Consideramos inviable el pretender obligar a las empresas a cumplir con algo que es materialmente imposible y, sobre todo, tratar de trasladar a las empresas la responsabilidad que tiene el estado de proporcionar un servicio de transporte público eficiente y seguro a los ciudadanos”.
Las cámaras empresariales señalaron que el transporte público es un derecho garantizado por la Constitución de Nuevo León, que en su Artículo Tercero indica: “Toda persona tiene derecho a la movilidad, a gozar de ciudades sustentables que garanticen una adecuada calidad de vida y acceder a un transporte público de calidad, digno y eficiente. El Estado proveerá lo necesario para garantizar dicho acceso”.
Por lo tanto, subrayaron que el Estado no puede desentenderse de esta obligación.
En el comunicado, el sector privado mencionó que existe una incongruencia en las cifras presentadas, donde la autoridad señala que el contagio no se presenta en el transporte público, sino en las reuniones que realiza la población en general; sin embargo, exige a las empresas contar con transporte privado.
Destacaron que el sector empresarial ha respondido decididamente al llamado de la autoridad mediante la implementación de los protocolos sanitarios correspondientes, así como el apoyo a los trabajadores para evitar los contagios.
“Esperamos la misma respuesta del gobierno del estado, brindando un transporte público eficiente y de calidad, como ha sucedido en otros países para contener la pandemia y mantener la actividad económica”.
En el mismo sentido, dijeron que los empresarios de Nuevo León han mantenido el pago de impuestos en este complicado periodo de ingresos nulos, tanto federales como estatales, recursos que deben ser dedicados al sector salud y el transporte público. El gobierno del estado debe reconsiderar su pretensión de mayores recursos para más inspectores del transporte y dedicarlo a los hospitales, personal de salud y más unidades de transporte público.
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