- Las reformas publicadas el 24 de enero, benefician a miles de trabajadores del campo, sin embargo, no se consideraron los tiempos necesarios para que las empresas puedan ejecutarlas y eso pone en riesgo su correcta operación.
- Los cambios a las leyes fueron hechos sin escuchar a todos los involucrados; el Congreso debe tomar en cuenta la voz de todos para que los cambios tengan viabilidad e impacten positivamente.
En la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, consideramos relevantes y valiosas las recientes reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social en materia de derechos laborales de las personas trabajadoras del campo. Sin embargo, creemos que estas reformas y su implementación pueden poner en un grave riesgo de incumplimiento y vulnerabilidad a las micro, pequeñas y medianas empresas del sector agrícola.
Además, para su aprobación no se tomó en cuenta la opinión de los sectores involucrados, ni la voz de los trabajadores del campo. También consideramos un tema delicado que la reforma se haya publicado y entrado en vigor de un día para otro, pues no se le dio tiempo a las empresas para adaptarse. Reiteramos que hay elementos positivos en la reforma, pero hay temas a discusión, como es el hecho de que los empleadores suplanten tareas que le corresponden al IMSS, a la SEP y al DIF. Ejemplo de lo anterior son las obligaciones de otorgar habitación con predio para la cría de animales de corral, alimentos para los trabajadores, asistencia médica y medicamentos para trabajadores y sus familiares, seguros de vida, así como el pago de incapacidades hasta por noventa días, que todo ello no se encuentra entre las obligaciones patronales en otras ramas industriales y que deben corresponder en todo caso, a la carga del Estado.
Es un acierto que la ley distinga con claridad quiénes sí son y quiénes no las Personas Trabajadoras del Campo. También que se distinga con mayor precisión su carácter de trabajadores permanentes o temporales, así como establecer la obligación de entregar constancias sobre la antigüedad acumulada, las retenciones y aportaciones por concepto de seguridad social.
Sin embargo, lamentamos que sobre la NOM-038-STPS-2023, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social haya dejado pasar la oportunidad histórica de poder incorporar a la formalidad de la agroindustria a jóvenes de 16 y 17 años, que al día de hoy ya trabajan en ese mismo giro laboral pero en la informalidad, donde sus salarios son cubiertos en efectivo, sin gozar de Derechos Humanos Laborales tales como la Seguridad Social, pago de utilidades, bonos, horas extras y prestaciones legales básicas, dejando afuera de la esfera del Trabajo Digno a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Acrecentando con esto, la ya cercana cifra de informalidad en el empleo al 60% en México.
Desde COPARMEX destacamos que en los contratos individuales de trabajo se observen tiempos adecuados de descanso y pausas, y se establezcan mecanismos para informar a las personas trabajadoras del campo acerca de las autoridades del trabajo y servicios sociales a las que se podrán acudir cuando consideren que sus derechos han sido menoscabados.
Todo lo anterior abona a que los trabajadores tengan mayor certeza y gocen adecuadamente de sus prestaciones y derechos. Pero entre los riesgos que encontramos a las modificaciones a las leyes están:
· La publicación de las reformas se hizo el miércoles 24 de enero de 2024 y su entrada en vigor se determinó al día siguiente, es decir el 25 de enero. Esto pone en estado de vulnerabilidad a las empresas y a los empleadores, porque es materialmente imposible adecuar sus operaciones, contratar personal para el manejo administrativo y realizar inversiones para cumplir con la ley en tan sólo un día. Se trata de reformas profundas al marco legal y es imposible que la industria se adapte en un día.
· Las reformas tienen elementos que podrían poner en riesgo la sustentabilidad financiera de las empresas agrícolas, como el hecho de suplantar los servicios que el IMSS proveía a las familias de los trabajadores en caso de que el Instituto Mexicano del Seguro Social no cuente con instalaciones cercanas al lugar de trabajo. También se considera suplantar las tareas de la SEP, ya que los empleadores están obligados a establecer y sostener escuelas cuando la Secretaría de Educación no cuente con centros educativos cercanos. A su vez, se transfieren al empleador las tareas de proveer servicios de guarderías a los hijos de los trabajadores y establecer salas de lactancia, que aunque es muy positivo, implica una inversión que, de un día a otro, es imposible concretar.
· La reforma fue aprobada por el Congreso sin que los sectores involucrados hayan sido incluidos y escuchados. La falta de diálogo en la aprobación de estas reformas se tradujo, precisamente, en esta gran cantidad de riesgos e inconvenientes.
Aunque es positiva esta reforma, su implementación puede poner en riesgo de quiebra a miles de empresas agrícolas del país, pues de realizarse una verificación el día de hoy, serían miles las empresas sancionadas. Hay que considerar que el campo mexicano atraviesa una crisis derivada de la sequía y el impacto de otros fenómenos meteorológicos que ha retrasado algunos procesos.
En la Confederación Patronal de la República Mexicana promovemos el Modelo de Desarrollo Inclusivo con la finalidad de generar mejores condiciones de vida para todos los mexicanos. En especial, velamos por la mejora continua de la situación de los trabajadores, pues son ellos el centro de la actividad económica. Y aunque coincidimos con el espíritu de la reforma, también creemos que siempre debe considerarse con responsabilidad y sensatez el impacto que cualquier cambio legal puede tener en la MiPyMES y en la generación de empleos.
Desde la COPARMEX, pedimos a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que genere mesas de diálogo para que, de manera conjunta entre autoridades y el sector privado, se revise el periodo y la mecánica de cumplimiento de la reforma. Es necesario contar con un periodo de tiempo razonable de adaptación. A la par, hacemos un llamado al Congreso para poner siempre al centro el diálogo con todos los sectores involucrados en una reforma, pues se debe anteponer el interés nacional por sobre todos los demás intereses.
