por Alejandra Mendoza de El Norte
Obtener la firma electrónica el próximo año sería un trámite burocrático y sujeto a una investigación previa por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para validar la información.
En el Paquete Económico 2020 se plantea modificar el artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación para incorporar esta medida, indica un análisis de la Coparmex.
“Para tales efectos, el SAT validará la información relacionada con su identidad, domicilio y, en su caso, sobre su situación fiscal, en términos del artículo 27 del presente Código; de no hacerlo, la autoridad podrá negar el otorgamiento de la firma electrónica avanzada”, señala la iniciativa fiscal.
Con esta propuesta, argumenta el Gobierno, se dotaría al SAT de atribuciones para impedir de origen la generación de la firma electrónica de contribuyentes que sean detectados por sus esquemas de riesgo, esto es, detener la operación a posibles empresas facturadoras de operaciones inexistentes.
También indica que es una medida preventiva y no privativa, ya que el contribuyente tendría en todo momento el derecho de solicitar su firma electrónica cuando haya aclarado las inconsistencias relacionadas con los datos de su identidad, domicilio y situación fiscal.
“Según la exposición de motivos de la iniciativa, la nueva medida obedece a que el SAT ha detectado, a través de diversos esquemas de riesgo, que la mayoría de las empresas facturadoras de operaciones inexistentes muestran patrones de comportamiento irregulares detectables al momento de la generación de su e-firma”, refiere el análisis de la Coparmex.
Entre las inconsistencias más recurrentes de quienes tramitan la firma electrónica, detalla el organismo, se encuentran, por ejemplo, las vinculadas con su actividad económica, con su infraestructura y capacidad operativa, con su domicilio fiscal, o bien respecto de quienes se ostentan como sus representantes legales, que son personas vulnerables como estudiantes y gente de la tercera edad o de escasos recursos económicos, entre otros.
Héctor Nava Ramos, presidente del Instituto de Contadores en Servicios Digitales (Incosedi), explicó que el SAT siempre ha tenido la facultad de no otorgar una e-firma, sin embargo, ahora se plantea que el trámite sea más burocrático y que exista una investigación, aunque la iniciativa no detalla cómo se realizaría.
“Van a solicitar más elementos y ellos al validarlos, si ven alto riesgo no liberarían la firma electrónica y, por lo tanto, (los contribuyentes) no podrían generar una factura.
“A través de los elementos o información adicional que soliciten, el SAT va a poder percibir el ‘qué tan empresario eres’ o ‘qué tan prestanombre eres’, y de ser la segunda opción, probablemente te negarían la e-firma”.
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