- Pone en riesgo el empleo de dos millones de personas y la recaudación de IVA, ISR e ISAN.
- AMDA estima que implicaría una caída del 39 por ciento en ventas en el mercado nacional.
En la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), consideramos que el reciente anuncio del titular del Poder Ejecutivo Federal, en el que da a conocer que el 16 de octubre firmará un acuerdo para regularizar los autos que han sido importados a México desde Estados Unidos -conocidos como “autos chocolate”- es un duro golpe a una de las industrias que más empleos genera en el país: la automotriz.
Es importante mencionar que éste no es un tema nuevo, ya que a la fecha se acumulan 19 procesos de regularización puestos en marcha en el periodo que comprende de 1979 a 2011 y que hoy en día, de acuerdo con el Decreto emitido por la presente administración, por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de diciembre de 2020, es factible importar un vehículo usado.
Por ello, primero señalamos que: hoy quien cumple con lo estipulado, puede introducir legalmente un auto a México; aunque el problema radica en el ingreso ilegal, que además de que representa un acto de evasión fiscal, es un delito a través del cual se benefician organizaciones criminales, grupos que promueven la corrupción e incluso la comisión de otros delitos mediante la utilización de esos vehículos. La decisión anunciada por el presidente es un “cheque en blanco” para la delincuencia.
En Coparmex tenemos claro lo complejo, sensible y preocupante que resulta este tema para los habitantes de la franja fronteriza del país, que han visto en su región el crecimiento exponencial de mafias que se dedican al contrabando de autos; de ahí la importancia de establecer medidas que protejan a las familias y su economía, no que las vulnere.
Ante esto, exponemos como segundo punto que la legalización indiscriminada es un golpe al sector automotriz en uno de sus momentos más adversos. En el mercado nacional se han vendido 757 mil 846 vehículos ligeros durante enero-septiembre 2021, cifra que está 20.7 por ciento por debajo de los niveles registrados en enero-septiembre de 2019.
Por su parte, la producción total de vehículos ligeros está 23.8 por ciento por debajo de los niveles vistos en el mismo periodo previo a la pandemia y, tan solo la producción registrada en septiembre 2021 fue la más baja para un mes similar desde 2010.
En ese contexto, pese a la dinámica de recuperación de EE. UU, el sector automotriz ha experimentado una serie de afectaciones que han ralentizado su recuperación, entre las que destacan el incremento del precio de materias primas como el acero y el desabasto de semiconductores (chips) en el mercado global, así como los procesos laborales para renovar contratos colectivos entre sindicatos y empresas como parte de lo establecido en el T-MEC.
En Coparmex advertimos que la competencia desleal que representa la regularización de “autos chocolate” atenta gravemente contra la recuperación de un sector clave para el país, pues de acuerdo a estimaciones de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), esta acción podría implicar una caída del 39 por ciento en las ventas del mercado nacional.
En tercer lugar, la disposición representa un riesgo para los casi dos millones de empleos vinculados a la fabricación de equipo de transporte y a su comercio al mayoreo y menudeo; muchos de ellos se verían en riesgo de desaparecer dada la posible contracción del mercado interno.
Cuarto, una medida así afectaría las finanzas públicas por una caída en la recaudación, puesto que por un lado, ante los recortes en la producción que se tendrían que hacer por una menor demanda de autos nacionales, los fabricantes dejarían de pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR); por otro, habría una contracción en la captación del Impuesto Sobre Autos Nuevos (ISAN), que es un gravamen que los compradores de vehículos nuevos tienen que pagar y que en 2020, logró recaudar poco más de 11 mil millones de pesos por este concepto.
Quinto, el impacto al medio ambiente y a la seguridad de las personas no puede ser ignorado. Con este decreto se alienta la introducción de automóviles al país que por sus elevados kilometrajes y antigüedad son altamente contaminantes. De igual manera, al ser vehículos de desecho o con antecedentes de siniestro en su país de origen, no garantizan los estándares mínimos de seguridad vehicular como son frenos de seguridad ABS, bolsas de aire o sistemas de retención infantil. Con ello se pone en riesgo a los usuarios del auto como a las personas en su entorno.
Para Coparmex la regularización de “autos chocolate” anunciada por el presidente representa premiar a la ilegalidad. Es un atentado contra las empresas y los empleos en México en un afán de conquista de simpatías o aprobación política.
Coincidimos con la buena intención de apoyar a quienes menos tienen y quienes demandan alternativas para su movilidad, particularmente en las entidades de la frontera norte; pero no respaldamos medidas que distorsionen la economía, provoquen la pérdida de empleos, deterioren la confianza en la inversión y la recaudación de impuestos, afecten el medio ambiente y, sobre todo, pongan en riesgo la vida de los usuarios de autos y de terceros.
Llamamos a que las autoridades sean las primeras en respetar y hacer respetar la ley y las medidas regulatorias que este mismo gobierno ha emitido. La regularización de los vehículos de contrabando es convertir a México en un basurero automotriz.
