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Desempleo pega más a trabajadores de bajo ingreso

La Coparmex Nuevo León revela que, sólo en abril, 21 mil 280 personas que tenían un salario apenas mayor a 3 mil 696 pesos mensuales, perdieron sus empleos.


por Miguel González Rubio de ABC 

Monterrey.-La concentración de los despidos de trabajadores en medio de la contingencia de salud por coronavirus (COVID-19) en Nuevo León, ha golpeado más a las personas que perciben salarios menores.

De acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), 21 mil 280 trabajadores en el Estado perdieron sus empleos durante el cuarto mes del año; este grupo lo conforman personas que estaban registradas con un ingreso apenas mayor a 1 salario mínimo (3 mil 696 pesos  mensuales) y hasta 2 UMAs (5 mil 212 pesos mensuales).

El siguiente renglón con peor cifra de desocupados en Nuevo León, se han ubicado los trabajadores que ganan más de 2 y hasta 3 UMAs (7 mil 819 pesos mensuales).

Para realizar estos cálculos, la Coparmex utilizó datos avalados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Durante abril, en la entidad se registró la pérdida de 53 mil 058 puestos de trabajo formal, respecto al mes anterior. Se convirtió en el segundo Estado en el país con peor resultado en materia de empleo formal, apenas antecedido por la Ciudad de México.

Nuevo León concluyó el cuarto mes del año con 1,597,217 de trabajadores inscritos en el IMSS, un -2.5% inferior al número que había en mismo mes de 2019.

Iván Rivas Rodríguez, director de la Coparmex Nuevo León, señaló que es una pena que el Gobierno federal no acepte la propuesta del salario solidario, porque habría salvado a muchos de esas personas que hoy están desempleadas.

«El desempleo lo están padeciendo los trabajadores de menores ingresos, no sería tan costoso para el erario público apoyar la propuesta de Coparmex (del salario solidario) y ayudar a las empresas a retener a esos trabajadores«, indicó.

Para las empresas el desocupar personal representa un costo económico y de productividad, explicó, porque además de los costos punitivos que significa cumplir con los procedimientos legales, está el de oportunidad al deshacerse de trabajadores capacitados.

Rivas Rodríguez agregó que el Gobierno federal está a tiempo de reorientar recursos del presupuesto para salvar empleos.

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