- Presenta la Confederación la edición más reciente de su “Monitor de Seguridad” con los resultados de enero a abril del 2023.
- Llama a las empresas a denunciar ya que la cifra negra es de 96.1 por ciento.
- Durante los primeros 53 meses de la actual administración se ha contabilizado la mayor cantidad de carpetas de investigación para un periodo similar. La cifra aumentó un 48 por ciento respecto al sexenio anterior.
Toda vez que, en México, cada hora, al menos una persona es víctima de extorsión, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) urgió a los diputados a dictaminar la Propuesta de Reforma Constitucional al inciso a) fracción XXI del artículo 73 de la Carta Magna, con la finalidad de que el Congreso de la Unión pueda expedir una Ley General de Extorsión en la que se homologue este delito y las sanciones en todo el territorio nacional.
En conferencia de prensa donde se presentó la actualización de la herramienta “Monitor de Seguridad” correspondiente a abril del 2023, el presidente de la confederación, José Medina Mora Icaza y el presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia, Jorge Peñúñuri Pantoja, detallaron que la propuesta se presentó el pasado 26 de abril y está a la espera de ser dictaminada.
Explicaron que este esfuerzo es resultado del trabajo entre Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur México), la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) e integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados.
Al respecto, José Medina Mora Icaza sostuvo que el delito de extorsión se debe atender y prevenir para evitar su normalización en la sociedad. “Tiene muchas manifestaciones, desde llamadas telefónicas, mensajes por WhatsApp hasta el cobro de piso o la intimidación. Debemos hablar del tema, debemos visibilizar este problema y alzar la voz para exigir que este mal se combata desde la raíz y de forma integral”.
Reiteró la disposición de Coparmex para colaborar con las autoridades de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) en la recuperación de la paz y en la correcta impartición de justicia en México.
“Ya impulsamos la creación de los Centros de Integración Ciudadana (que llamamos CIC) en 12 de nuestros Centros Empresariales para hacerle llegar de manera inmediata a las autoridades reportes en materia de inseguridad; ya tenemos operando el proyecto LAICA, que es una línea de atención directa para reportar el robo de transporte de carga y mercancías a la Guardia Nacional”, manifestó.
En su intervención Jorge Peñuñuri Pantoja se refirió a la iniciativa legislativa que se elaboró de manera coordinada en distintas mesas de trabajo, en las que se contó con la participación del sector empresarial, los legisladores, así como de abogados penalistas y constitucionalistas. Con esta legislación se pretende facultar al Congreso de la Unión para que pueda legislar en materia de extorsión y con ello se puedan elevar las penas a los infractores buscando que la sanción mínima sea de 10 a 20 años y dependiendo de las agravantes, suba de 20 a 40 años y la máxima sea de 70 años.
En cuanto a los resultados del “Monitor de Seguridad”, con información actualizada al mes de abril de 2023 basada en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se reveló que en los primeros cuatro meses del año se registraron tres mil 473 víctimas de extorsión, una cifra que es 2.4 por ciento menor a la documentada durante el mismo periodo del año anterior; es decir una reducción marginal.
Además, se dio a conocer que en los 53 meses que van de esta administración federal, se han contabilizado más de 41 mil 873 carpetas de investigación por extorsión, lo que implica un incremento del 48 por ciento con respecto al mismo periodo del sexenio anterior.
Lo delicado es que este delito tiene una cifra negra de 96.1%, lo que quiere decir que, de cada 100 casos, 96 no son denunciados por lo que prácticamente todos quedan impunes. Y más aún, quiere decir que las víctimas de extorsión son muchas más que las que reflejan las cifras oficiales.
Se informó que en lo que va del año, la tasa de extorsión por cada 100 mil habitantes a nivel nacional fue de 7.96 y las tres entidades con mayores tasas de este delito fueron el Estado de México, Baja California Sur y Colima.
El Estado de México, Veracruz y Guanajuato concentran casi el 60 por ciento de las extorsiones en el país. Los estados con menores tasas para este delito fueron Tlaxcala, Chihuahua y Chiapas.
Por otra parte, en la comparación entre municipios, en la que sólo se consideró a demarcaciones con más de 100 mil habitantes, se encontró que los tres ayuntamientos con mayores tasas de extorsión son Metepec, Toluca y Celaya, y los que muestran mayores aumentos porcentuales con respecto al mismo periodo de 2022 son Álvaro Obregón, que pasó de 2 a 14 víctimas; Morelia que fue de 5 a 29 y Quintana Roo que pasó de 4 a 15 afectados.
Insistimos, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) del INEGI, la cifra negra en el ámbito de los negocios, durante 2021, fue de 96.1 por ciento y estima que el costo de todos los delitos para las empresas fue de 120.2 millones de pesos, lo equivalente al 0.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
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