- Respalda la Confederación que existan pesos y contrapesos necesarios en un Estado Democrático.
- Existen vías legales para dirimir los desacuerdos entre Poderes.
A raíz de las controversias suscitadas por la resolución de dos jueces de suspender provisionalmente la vigencia de las recientes modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica, en la COPARMEX consideramos necesario defender la división de Poderes, como un pilar de la democracia que todos debemos preservar.
En nuestra República, la soberanía del pueblo se ejerce por medio del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, cada uno con sus atribuciones marcadas en la Constitución.
En la COPARMEX creemos firmemente que la división de Poderes sirve para frenar impulsos autoritarios, ya que la salud de nuestra democracia depende de un sistema eficaz de pesos y contrapesos.
Por ello resaltamos que si alguno de los poderes, en este caso el Poder Ejecutivo, no está de acuerdo con las resoluciones del Poder Judicial, existen los cauces legales y jurisdiccionales para impugnar dichas decisiones.
A nuestro juicio, a ninguno de los Poderes le corresponde mediatizar las tareas de los otros, ni hacer señalamientos públicos que polarizan a la sociedad.
En COPARMEX hemos defendido siempre el Juicio de Amparo como un baluarte del sistema jurídico mexicano y como un mecanismo eficaz para defender los derechos de todos ante atropellos o arbitrariedades desde la autoridad. Jamás una resolución judicial al respecto debería derivar en una embestida de un poder contra otro, pues con ello perdemos todos.
Desde que se propuso la iniciativa preferente por parte del Ejecutivo federal y luego durante su aprobación sin cambios en las dos cámaras del Congreso federal, en COPARMEX advertimos que sería controvertida legalmente por sus impactos negativos contra la libre competencia, el medio ambiente y la salud de los mexicanos.
Queremos dejar en claro que en un Estado democrático todos los actores políticos, económicos y sociales tienen derecho a hacer uso de las herramientas legales que consideren apropiadas para defender sus posturas sobre los temas que consideran prioritarios para el País.
Advertimos el riesgo de utilizar la agenda energética -y ahora una posible reforma constitucional- para polarizar a la sociedad con fines electorales. Rechazamos tajantemente que se ponga en riesgo al sistema eléctrico nacional.
En el caso particular del tema de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, reiteramos nuestro llamado al diálogo para encontrar vías de solución. El país requiere la suma de voluntades entre el gobierno y el sector privado.
