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Ley minera: Necesario escuchar a expertos e industria; Senado debe evitar aprobar reformas vía fast-track

  • Se pronunciaron por mantener operante al Instituto que garantiza a la ciudadanía sus derechos humanos de acceso a la información y a la protección de datos personales.
  • Aseguraron que el INAI ha cumplido su función constitucional y es una herramienta fundamental en el combate a la corrupción.

En el marco de la Quinta Cumbre Nacional de Gobierno Abierto, 14 organizaciones de la sociedad civil y del sector empresarial, reiteraron su exigencia al Senado de la República para que antes de que culmine el periodo de sesiones ordinario -30 de abril-, cumplan con su deber constitucional de nombrar las vacantes del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para que vuelva a operar a plenitud y así esté en posibilidades de proteger los datos personales de las y los mexicanos y ordenar a diversas instituciones del Estado que entreguen la información que le niegan a la ciudadanía.

Líderes sociales y empresariales coincidieron en la importancia y logros acumulados del INAI, pues desde su creación en 2003 ha cumplido con su labor constitucional y se ha consolidado como una herramienta ciudadana de gran importancia en la protección de sus datos personales, el acceso a la información y en la lucha contra la opacidad, siendo ejemplo de ello la información que hizo posible hacer visible graves actos de corrupción como La Estafa Maestra, Ayotzinapa, Odebrecht, La Casa Blanca y Segalmex, entre otros.

Reiteraron el exhorto al Senado para que sin más demora nombre a los perfiles idóneos y con las más altas calificaciones para ocupar las vacantes del pleno del INAI y aclararon que son dos vacantes las que ya podrían nombrarse pues solo una de las tres vacantes, es la que requiere concluir su proceso de impugnación ante el Poder Judicial y con el nombramiento de sólo una vacante, se lograría el quórum que sacaría de su parálisis sustantiva al instituto.

Insistieron a las y los senadores en no ser omisos a las resoluciones que les ha dictado el Poder Judicial reiteradamente para que cumplan con su deber y les invitaron a reflexionar acerca de la grave impunidad que se refleja frente a la sociedad y el mundo por la deliberada parálisis de los nombramientos. Se instó al Senado a que también analicen las sanciones que podría tener México en el exterior ante incumplimiento de Tratados Internacionales al quedar en evidencia la intención política de desaparecer a un órgano autónomo garante de Derechos Humanos.

Se resaltó que el costo de operación del INAI no es excesivo y al contrario, desde 2018 sus gastos se han reducido en un 30 por ciento. Destacaron que el órgano autónomo le cuesta sólo 7 pesos a cada mexicano anualmente y representa únicamente el 0.1 por ciento del presupuesto federal. Reiteraron que aún cuando no es oneroso el INAI, debe entenderse ese monto de recursos no como un gasto público sino como una inversión prioritaria para transparentar el actuar público, la manera en la que se gastan los recursos de las y los mexicanos, además de ser el INAI el defensor gratuito de la ciudadanía cuando las empresas o el Estado violan sus datos personales.

Finalmente, también exhortaron al Poder Judicial a intervenir con determinación ante la impunidad con la que actúa el Senado al prevalecer a más de un año, la omisión de nombramientos. Solicitaron a la Jueza Decimoséptima en Materia Administrativa imponer ya sanciones a senadoras y senadores por el incumplimiento a su resolución y a la Ministra Loretta Ortiz, la exhortaron a atender con sentido de urgencia, la controversia constitucional promovida por el INAI y de la que ella es ministra ponente para que de esta forma se presente el asunto al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que sea nuestro máximo tribunal de justicia, el que ponga un alto a los daños ciudadanos señalados durante cada uno de los pronunciamientos de AMEXICOM, ANADE, BMA, COPARMEX, CPC Nacional, DLM México, ETHOS, ICC, ITAC del ITESM, México Evalúa, Observatorio Nacional Ciudadano, Red de Mujeres por la Transparencia, Transparencia Mexicana y el colectivo 50+1.

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