- De aprobarse, afectará al derecho de la niñez y juventud a la educación.
- Se pretende sobrerregular a un sector actualmente que enfrenta la crisis económica y el rezago educativo derivados de la pandemia.
En el Webinar “NOM 237, ¿golpe a la educación de nuestros niños?”, organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), los panelistas coincidieron en que la norma que pretende sobrerregular a las escuelas particulares no debe existir, pues representa una grave afectación al derecho a la educación de la niñez y juventud.
Destacaron también que la NOM 237, propuesta por la Secretaría de Economía (SE) y que actualmente se encuentra en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) para su análisis y consulta pública, limitaría el derecho a decidir de los padres de familia y pondría en riesgo de cierre a por lo menos 18 mil planteles educativos privados.
En su mensaje de bienvenida a los más de 410 participantes en el webinar, el presidente de Coparmex, José Medina Mora Icaza, destacó la importancia de escuchar a los especialistas en el tema, de mantener el diálogo con la SE y de participar en la consulta pública de la CONAMER para frenar la NOM 237.
Medina Mora sostuvo que “carece de sentido” que las instituciones de educación privada sean consideradas como entidades mercantiles y estén sujetas a una regulación adicional, toda vez que ya son reguladas por la Secretaría de Educación Pública (SEP); por lo que destacó, existe un diálogo directo con la titular de la SE, Tatiana Clouthier y con Jesús Cantú, titular de la Unidad de Normatividad de la dependencia, para hacerles ver las implicaciones y afectaciones de la norma.
El presidente de la patronal llamó a todos los posibles afectados por la eventual aprobación de la norma a manifestar sus argumentos ante la CONAMER a través de la consulta pública que estará disponible para la participación social y empresarial hasta el 15 de noviembre próximo. “Ese es el espacio que tenemos que aprovechar para poner todos nuestros argumentos, de tal manera que no se apruebe como está propuesta”, señaló.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación, José Antonio Esquivias, moderador del webinar, reconoció la participación de los ponentes para explicar desde diversos ángulos el por qué el proyecto regulatorio de la SE sí es un golpe a la educación de la niñez y juventud y destacó la importancia del análisis que da pie a la participación no solo de los ciudadanos afectados, sino de las propias instituciones educativas y padres de familia del país.
En su intervención, María Rebeca Félix, directora ejecutiva de operaciones y abogada general de Coparmex, explicó que con base en lo dicho en el artículo 3ero Constitucional y la Ley General de Educación, se considera que los particulares pueden impartir educación en todos sus tipos y modalidades, siempre y cuando medie el reconocimiento de validez oficial, por lo que la existencia de la NOM 237 no está justificada legalmente.
Por lo tanto subrayó que la educación se considera un servicio público, sujeto a la rectoría del Estado y “no se refiere a un acto mercantil, como pretende formalizar la norma”, por lo que está rebasando su competencia ya que “el servicio educativo no puede equipararse a un acto comercial. Es público, de interés social, que tiene particularidades que deben conocerse a profundidad para regular y vigilar el mismo. Lo adecuado es que sean las autoridades educativas quienes vigilen este servicio pues conocen sus particularidades”.
Respecto a la sobrerregulación que esta norma traería al sector, Rebeca Félix comentó que el artículo 3ero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y la Ley General de Educación facultan exclusivamente a la SEP para regular en materia educativa, por lo que la norma en cuestión, al ser emitida por la SE, invade competencias.
Además, Rebeca Felix comentó que esta regulación genera costos adicionales para uno de los sectores más afectados por la crisis causada por la pandemia. Durante 2020, se perdieron 117 mil empleos formales del sector, de los cuales aún quedan por recuperar más de 67 mil. Más aún, con datos de la SEP se puede estimar que del ciclo escolar 2019-2020 al 2020-2021 cerraron más de 1,200 instituciones particulares de educación básica.
Por su parte, Itzel Carmona Gándara, presidenta de la Federación de Escuelas Particulares del Estado de Morelos agradeció la alianza de Coparmex con el sector educativo y destacó la importancia de la educación como un derecho humano consagrado en la Constitución, en el apartado de garantías individuales “importante para entender la diferencia con el tema que se mencionó, que no es un acto de comercio, sino que es un derecho”.
Sostuvo que lejos de ayudar a la ciudadanía, la NOM 237 hace lo contrario, pues representaría un artero golpe a la economía de los mexicanos, además de que introduciría la “querulancia” donde el ciudadano al no saber qué hacer -por la excesiva regulación en esta situación- caería en el incumplimiento de sus responsabilidades.
Carmona Gándara agregó que, en un escenario conservador, con un modelo de escuela hipotético diseñado por la Federación de Escuelas Particulares, más de 18 mil planteles, a días de entrar en vigor la norma, estarían tomando decisiones de cierre, con una afectación aproximada de 640 mil personas de las cuales 540 mil serían niños y jóvenes y que los padres “se quedarían en la angustia de no poder elegir a donde llevar a sus hijos con la libertad que se verá trastocada”.
Por su parte, Luis Arturo Solís Bravo, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, hizo un recorrido acerca de las implicaciones de esta norma, donde dijo es fundamental que se contribuya para que ésta no llegue a su fin por lo que han colocado el HT #NoalaNOM237, pues consideran va contra el bien superior de la educación.
Explicó que el origen de la NOM 237 se encuentra en la presentación de más de 4 mil quejas, que representan el 0.8 por ciento del total de los educandos en el país, por lo que la SE y Profeco decidieron implementarla. “Como UNPF, la representación de 84 mil padres, en 30 estado de la república, pues considero que la NOM está atentando contra el servicio público de interés social como es la educación, porque ya lo comentaron Itzel y Rebeca, va a existir una sobrerregulación”.
Además, explicó que toda vez que será una empresa particular la que deberá hacer las certificaciones de las escuelas privadas, se podrían presentar incrementos en costos para padres de familia y casos de corrupción. “Cuántas empresas tendrán que existir para, en dos años, certificar a toda la escuela particular, por eso traerá corrupción, porque será un tercero el que va a certificar y normar a escuelas particulares, ahí yo veo, como padre de familia que puede haber corrupción”.
Para finalizar lanzó un cuestionamiento a la titular de la SEP, Delfina Gómez Álvarez: “las regulaciones son solo para las escuelas particulares, la pregunta ¿y las escuelas públicas no son sujetas de regulación? Porque en función de los números que estoy dando, vemos que existen muchas limitaciones y que desafortunadamente la SEP no ha estado hasta este momento a la altura para poder otorgar una educación con calidad”.
Lydia Nava, Vicepresidenta de Desarrollo Social, manifestó que para Coparmex la educación es un eje prioritario y se sumó al llamado de los ponentes para detener el avance de la NOM 237. “Enfoquémonos en este momento a la oportunidad que tenemos para ser escuchados”, dijo, al referirse a la participación ciudadana en la Consulta Pública que al respecto de esta normativa existe en la CONAMER.
