- La consulta pública sobre las medidas para modificar el Reglamento General de Inspección del Trabajo recibió 25 comentarios
- Entre el 28 de agosto y el 03 de septiembre Conamer recibió 19 nuevos proyectos regulatorios.
Debido a que la sociedad y el sector empresarial expresaron a través del proceso de consulta pública su inconformidad ante la regulación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que pretendía disminuir de 90 a 5 días el tiempo para subsanar observaciones realizadas en inspecciones de trabajo, la misma Secretaría dio de baja el proyecto que convertía las obligaciones de difícil a imposible cumplimiento.
Esta regulación ingresó a la Conamer el 02 de junio con una clasificación de Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) de impacto moderado y gracias al análisis presentado en la #AlertaRegulatoria del 08 de junio en la que se señalaron los posibles efectos negativos de esta norma, así como la invitación a la participación social, la consulta pública recibió 25 comentarios emitidos por particulares y organismos, por lo que el pasado 03 de septiembre la medida fue dada de baja.
En Coparmex consideramos que la resolución tomada, es resultado de la participación social y empresarial informada que con base en lo dado a conocer en la #AlertaRegulatoria, expresó su inconformidad ante una regulación que proponía modificaciones excesivas al Reglamento General de Inspección del Trabajo, los cuales ponían en riesgo la viabilidad de las empresas al propiciar una carga adicional de multas.
Con esta acción queda de manifiesto que la participación ciudadana informada y responsable puede incidir en el marco regulatorio del país.
Respecto a los proyectos recibidos por la Conamer en la semana del 28 de agosto al 03 de septiembre de 2021, la #AlertaRegulatoria de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) detectó que en este periodo fueron presentados 19 proyectos regulatorios de los cuales -al 03 de septiembre- 16 estaban pendientes de dictaminar, dos fueron dados de baja y uno más ya fue dictaminado.
Es importante mencionar que de los 19 proyectos, 13 fueron presentados como exención y en esta ocasión la #AlertaRegulatoria no detectó ningún proyecto mal clasificado, pues de acuerdo a los resultados obtenidos tras el análisis de las regulaciones, se determinó que ninguna implicaba posibles costos económicos y/o sociales.
La #AlertaRegulatoria encontró que tres proyectos están clasificados como regulación con costo económico y/o social por lo que habrá un Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) por parte de la dependencia y un periodo de consulta pública para que el sector social y empresarial participe.
Entre estos proyectos destacan una regulación promovida por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y un proyecto de Norma Oficial Mexicana (NOM) promovido por la Secretaría de Salud (SSA).
La regulación de la PROFECO modifica los procesos que deben de seguir las casas de empeño para pertenecer al Registro Público de Casas de Empeño; las reformas más relevantes se refieren a cambios en el trámite de las inscripciones, en el proceso de renovación, y en procesos de suspensión y cancelación, además, se adicionan especificaciones al proceso para trámites en línea.
Por su parte, el proyecto de la SSA establece nuevos criterios para asegurar que todos los centros médicos en el país, tanto públicos como privados, cuenten con las adaptaciones mínimas para asegurar un trato en igualdad de condiciones a los pacientes. En específico, se precisan definiciones para diferentes discapacidades, como la auditiva, intelectual, física, mental y visual, y se establecen los procesos que debe de seguir el personal de salud para su valoración y atención.
Finalmente, los dos proyectos restantes se tratan de reglas de operación del Programa de Pensiones para Personas con Discapacidad Permanente de la Secretaría de Bienestar, al tratarse de reglas de operación, su publicación en el Diario Oficial de la Federación es automática.
