- Principalmente en reducción del tiempo de respuesta a inspecciones de trabajo.
- STPS deberá responder 25 comentarios manifestados en la consulta pública.
La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) emitió un dictamen preliminar sobre el proyecto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el que se pretende -entre otras disposiciones- reducir de 90 a 5 días los tiempos de respuesta de las empresas ante inspecciones y en el que no contemplaron las principales inquietudes del sector privado expuestas en la consulta pública.
Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) reiteramos que dicha modificación propuesta por la STPS en el anteproyecto “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del reglamento general de inspección de trabajo y aplicación de sanciones” es excesiva pues convierte la obligación de difícil, a imposible cumplimiento.
De recortarse los tiempos de respuesta de 90 a 5 días, se pone en riesgo la viabilidad de las empresas, pues se genera una sobrecarga adicional para atender las observaciones y así evitar multas y sanciones que, en el contexto de crisis económica actual, pone en entredicho si realmente la aplicación de la regulación generará mayores beneficios que costos.
Es importante mencionar que en el periodo de consulta pública -uno de los que ha registrado mayor participación ciudadana- para esta disposición, se recibieron 25 comentarios por parte de la sociedad civil y el sector empresarial, mismos que una vez emitido el dictamen preliminar sobre el proyecto, la STPS está obligada a responder sobre los posibles impactos de la regulación.
Por otra parte, en el periodo que comprende del 3 al 9 de julio de 2021, la #AlertaRegulatoria observó el ingreso de 18 nuevos proyectos regulatorios a la CONAMER, de los cuales, uno fue clasificado como regulación con costo económico y/o social, por lo que tendrá un Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) y una consulta pública.
Dicha propuesta, enviada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene como objetivo establecer los requisitos y obligaciones que deben de cumplir todas aquellas personas físicas que busquen acceder a la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y fue catalogada como “AIR de impacto moderado”.
Consideramos que esta clasificación es correcta, debido a que contiene disposiciones que deben de cumplir los interesados en certificarse en la materia. Es importante destacar que, debido a la temática que se regula, se trata de una disposición que abarca de manera transversal a varios sectores económicos, entre los cuales se incluye a comercializadores de vehículos, metales preciosos y bienes inmuebles, corredores públicos y notarios, agentes financieros, constructores, entre otros.
Los 15 proyectos restantes fueron exenciones, pues las dependencias que los emitieron consideran que no tienen costo y pueden exentar el AIR por parte de la CONAMER y la consulta pública. Al respecto, desde la #AlertaRegulatoria no detectamos clasificaciones incorrectas en ninguno de los proyectos ingresados.
Uno de los proyectos restantes fue clasificado como AIR de emergencia y se trata de la instrumentación de un dispositivo nacional de emergencia de sanidad vegetal. El último proyecto fue clasificado como reglas de operación referente al Fondo Patrimonial de Biodiversidad.
Les recordamos que pueden revisar nuestra #AlertaRegulatoria para ver todos los detalles de las nuevas regulaciones de la semana y un análisis histórico en 👉 http://cpmx.me/AlertaRegulatoria
