- Conminamos primero a senadores y luego a Ministros a defender la Constitución y la democracia.
- Los grandes perjudicados del Plan B serían los ciudadanos.
- Riesgos señalados por el Consejo General del INE, deben atenderse
En la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) estamos convencidos que hoy México no necesita una nueva legislación electoral y conminamos a los Senadores a no atentar contra los derechos político-electorales conquistados por los ciudadanos ante la posible discusión y aprobación de las reformas restantes que integran el Plan B.
También llamamos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que, tras la revisión de las acciones de inconstitucionalidad del “Plan B”, se declare que las reformas no se apegan a lo establecido en nuestra Carta Magna.
Como empresarios, pero sobre todo como ciudadanos, insistimos en que -tanto las actuales instituciones que organizan las elecciones como los procesos que se llevan a cabo para hacer posible la participación ciudadana libre e informada en periodos electorales- funcionan y cumplen su objetivo de brindar certeza a los ciudadanos en los periodos pre y postelectorales. Son resultado de una lucha ciudadana por décadas y que han demostrado ser exitosas durante los últimos 30 años: hoy los votos cuentan y se cuentan.
Antes de que se retome el proceso legislativo de los decretos que modifican distintas leyes en materia electoral, hacemos un último y enérgico llamado al Senado para que atiendan con responsabilidad las implicaciones que, tal como lo señaló el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), tendrán estas reformas en la celebración de elecciones libres.
Los ciudadanos serán los más perjudicados con el Plan B: Se pone en riesgo la posibilidad de tramitar o reponer su Credencial de Elector, se desmantelaría la estructura de Módulos del INE, se despediría a cerca de 2,000 funcionarios del INE que organizan las elecciones y capacitan a los ciudadanos para que instalen las casillas y cuenten los votos, afectaría la confiabilidad del Programa de Resultados Electorales Preliminares, y muchas otras acciones que serían daños irreparables a derechos ciudadanos.
Reiteramos que, si bien las normas son perfectibles, éste no es el momento de una nueva ley o legislación electoral, sobre todo, porque de aplicarse las modificaciones propuestas, generarían incertidumbre en todo el proceso electoral de 2024 en el que se tiene prevista la participación de por lo menos 95 millones de mexicanos para renovar, entre otros cargos, la Presidencia de la República, Diputados y Senadores, Congresos Estatales, así como nueve gubernaturas.
Coincidimos con el análisis de los consejeros del INE que señala puntualmente las afectaciones que habría al instituto, a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE´s) y a la democracia debido, entre otros aspectos, a la desaparición de vocales en las juntas distritales, lo que tendría como consecuencia la disminución del número de casillas instaladas poniendo en riesgo la elección e incluso podría darse la anulación.
Entre otros peligros están los relacionados con la autonomía del instituto, con la integración del padrón electoral, o con asegurar una contienda en la que exista equidad y una correcta fiscalización de los recursos utilizados para la contienda electoral.
En Coparmex creemos que la consolidación de un México democrático se alcanzará sí y sólo sí se respetan los logros alcanzados por la ciudadanía para contar con institutos ciudadanizados, autónomos e independientes, que garantizan elecciones libres, confiables y transparentes. Reiteramos el llamado a nuestros representantes y a los ministros de la SCJN para que desde sus atribuciones contribuyan a defender nuestra Constitución y nuestras libertades. México quiere seguir viviendo en democracia. ¡Ni un paso atrás, en COPARMEX decimos #YoDefiendoAlINE
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