Preámbulo
Hoy, México vive una crisis adicional a la de salud y a la económica: vive el recrudecimiento de la violencia y la expansión de la influencia de los grupos criminales en diversas regiones del país. Los casos recientes de asesinatos en Reynosa (Tamaulipas), en Salvatierra (Guanajuato) y la cifra más alta de homicidios en este 2021 alcanzada en mayo pasado con casi 3 mil casos, confirman que la estrategia gubernamental no ha rendido los frutos esperados.
En ese contexto, el titular del Poder Ejecutivo ha planteado la necesidad de una reforma constitucional para que el mando de la Guardia Nacional se integre a la Secretaría de la Defensa Nacional. De ser así, se desmantelaría el andamiaje legal aprobado en 2019 para que el mando de esa corporación fuese civil.
Por ello, en esta Señal Coparmex analizamos el impacto de esta propuesta, los retos que enfrenta la Guardia Nacional a 2 años de su creación, y su futuro.
Antecedentes
En 2019, la Ley en la materia estableció que la conformación y el desarrollo de las capacidades de la Guardia Nacional requerirían un período de cinco años para su implementación. Un año más tarde fue publicado un decreto en el que se dispuso que las Fuerzas Armadas llevarían a cabo tareas de seguridad pública, pese a que ya se había considerado así en la reforma constitucional pero expresamente para que intervinieran de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, con una vigencia hasta marzo del 2024.
Hoy, cuando la Guardia Nacional se encuentra en plena fase de consolidación y desarrollo, el gobierno da un viraje, advirtiendo que el entramado jurídico que impulsó meses atrás debe cambiarse para promover una nueva reforma constitucional que integre a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
A dos años de distancia, de acuerdo con datos publicados por la propia Guardia Nacional, sabemos que el número de efectivos desplegados en el país alcanza los 101 mil 561 elementos. Esta cifra comparada con los 90 mil elementos de seguridad pública con que cuenta la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México nos permite dimensionar la necesidad de seguir ampliando su estado de fuerza y presencia territorial.
Es importante que la Guardia Nacional mantenga un crecimiento progresivo para alcanzar, en el año 2024, la integración de 200 mil elementos civiles con el nivel de profesionalización y entrenamiento que se requieren, y con ello relevar a las Fuerzas Armadas de las tareas que han asumido provisionalmente en la materia.
Algunas cifras en materia de homicidios y violencia
Especialistas y medios de comunicación como Animal Político han advertido que las recientes cifras difundidas por el titular del Ejecutivo a partir de las cuales afirma que los homicidios se han reducido 3%, no corresponden a la realidad porque se ajusta a conveniencia el periodo que se está analizando. Las cifras de violencia en su acumulado anual están por encima de los niveles observados en 2018. De 2018 a 2020 las víctimas de homicidio doloso aumentaron en 2.41%, pues pasaron de 33 mil 740 a 34 mil 554, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En 2019, hubo un aumento en el número de víctimas de homicidio doloso de 2.79% en comparación con 2018. De 2019 a 2020 sí hubo una reducción, pero fue marginal, equivalente al 0.37% pues las víctimas fueron 34 mil 681 en 2019 mientras que en 2020 fueron 34 mil 554.
Una cifra que confirma el aumento en la violencia en la presente administración es el crecimiento en el número de carpetas de investigación por este delito comparando los 30 primeros meses de las administraciones anteriores. En la gestión de Felipe Calderón fueron 30 mil 572 carpetas, en el gobierno de Enrique Peña Nieto 41 mil 688 carpetas y actualmente 72 mil 892, cifra que es 74.85% mayor al mismo periodo de la gestión inmediata anterior.
Un delito que golpea especialmente al sector empresarial es el robo a transportes. Entre enero y mayo se acumulan 3 mil 441 casos denunciados; según las cifras más recientes, tan sólo en mayo alcanzó su nivel más alto en lo que va del año con un incremento del 3.9%, delito que ocurre con violencia en el 84% de los casos.
Saturación de las Fuerzas Armadas
Las Fuerzas Armadas en la presente administración han asumido al menos 13 tareas adicionales a las de seguridad nacional, entre ellas: la construcción de infraestructura (Tren Maya, Aeropuerto en Santa Lucía, Bancos del Bienestar); capacitación policial; apoyo y distribución de programas sociales; control de puertos y aduanas; combate al robo de hidrocarburos; control de la migración, así como la atención a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19 y la distribución de vacunas.
La participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de la administración pública, ajenas a su naturaleza esencial, debe ser subsidiaria y temporal; alargar la permanencia de los militares en las calles impide avanzar en la consolidación de instituciones civiles propias de una nación democrática y que respondan al fortalecimiento de la seguridad y justicia. Con ello, se ponen en riesgo la imagen, la aceptación ciudadana e incluso la integridad de la Marina y el Ejército.
Consideraciones Internacionales
La incorporación del mando de la Guardia Nacional al Ejército contraviene lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido, que únicamente en las circunstancias de un caso concreto pudiera justificarse la participación extraordinaria de fuerzas armadas en labores de seguridad pública, garantizando que esto implique una intervención excepcional, temporal y restringida.
Nuestros 5 planteamientos:
- Estamos convencidos que es imprescindible garantizar el derecho a la seguridad pública y combatir a la delincuencia, pero sabemos que el cumplimiento de dicha obligación debe estar a cargo del Estado con instituciones civiles y no militares.
- La mejor manera de atender la inseguridad y combatir a las organizaciones criminales es a través de labores de inteligencia, la desarticulación financiera, la cooperación internacional, la intervención coordinada de los distintos órdenes de gobierno y la articulación eficaz con el Poder Judicial que lleven a condenas para los responsables y se garantice que no haya impunidad.
- Para esta coordinación coincidimos con el llamado de la organización Causa en Común, en el sentido de que es urgente restablecer y fortalecer los mecanismos institucionales construidos a lo largo de muchos años y luchas ciudadanas como es el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Creado en 1995, tiene como función establecer las acciones y objetivos de la seguridad pública en México a partir de la coordinación entre instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones a nivel federal, estatal y municipal, bajo la articulación del Secretariado Ejecutivo (SESNSP). No se puede ni debe seguir relegando al SNSP, fomentando con ello la centralización y la militarización del país.
- Es apremiante no suplantar a las policías estatales y municipales, sino fortalecer sus capacidades. Las instituciones civiles de la policía a nivel local deben robustecerse, pues son las policías y las Fiscalías quienes están facultadas para interactuar con la población civil, prevenir los delitos y la violencia y llevar a cabo investigaciones y procedimientos legales de los delitos del fuero común que más impactan a los ciudadanos. Deben reestablecerse mecanismos como la certificación, los controles de confianza, así como la profesionalización, dignificación y seguridad social.
- Es necesario promover la participación de la sociedad en las mesas de seguridad, ya que es indispensable dar voz a los ciudadanos y a las víctimas de la delincuencia para vincular eficazmente los esfuerzos de prevención, seguimiento de metas y generar estrategias sensibles a las necesidades de las comunidades.
Nuestro Llamado
En COPARMEX hemos encontrado en la Guardia Nacional una gran disposición al diálogo y a la escucha. Creemos que la política de seguridad debe ser transexenal, integral y con un énfasis en la profesionalización de los cuerpos policiales.
Nuestro llamado es claro y es a favor de la consolidación de la Guardia Nacional.
Es responsabilidad del Estado garantizar que la estrategia de seguridad deje a un lado toda improvisación y solución inmediatista. Queremos un país con tranquilidad y en paz que solo podrá alcanzarse con instituciones sólidas y logrando que impere el Estado de Derecho. No a la militarización, sí a la estrategia, inteligencia y coordinación.
