- Hacemos un llamado enérgico al Gobernador Rutilio Escandón Cadenas y al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López para atender la grave situación de violencia e ingobernabilidad en el municipio de Altamirano, Chiapas.
- Es inaceptable que las autoridades no puedan garantizar el libre tránsito y frenar la sistemática violación de derechos humanos en Chiapas.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exige a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, acciones coordinadas y contundentes para devolver con vida a las personas que fueron privadas de su libertad de forma ilegal por la Alianza de Organizaciones Sociales y Sindicatos de Izquierda (ASSI) en Altamirano, Chiapas por un conflicto electoral que no tiene relación alguna con las víctimas.
Los medios de comunicación reportan entre 30 y 50 personas retenidas –algunas desde diciembre del 2021 y alrededor de 20 transportistas, desde el 7 de febrero pasado-, sin que al momento las autoridades hagan valer el Estado de Derecho, para devolverle la libertad a los secuestrados y sancionar a los responsables con todo el peso de la Ley.
La impunidad con la que se actúa ante el delito de secuestro en Chiapas, ha provocado que se repita sistemáticamente. Muestra de ello es el aumento en 133%, solamente entre el primer y segundo semestre del 2021, según el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El gobierno estatal fue omiso también al no haber alertado de manera oficial sobre el riesgo que corría la población al circular en las zonas colindantes con Altamirano. De haberlo hecho, se hubiera evitado que otras 20 personas fueran secuestradas y se sumaran a las ya privadas de su libertad desde diciembre del 2021. Además de la sistemática violación de derechos humanos en este municipio, se añaden varias muertes violentas -reportadas por medios de comunicación desde el inicio del conflicto político-electoral-; así como el reporte de una menor herida con arma de fuego mientras viajaba con su madre en un transporte público.
En Coparmex nos solidarizamos con las víctimas y nos sumamos a la exigencia de sus familias y ejidatarios de Altamirano, quienes urgen la actuación eficaz de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para lograr la liberación con vida de las personas privadas de su libertad. También exigimos justicia para sancionar a quienes sean responsables por acción u omisión, de esta grave violación a sus derechos humanos.
