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Aprobación de la Ley de la Industria Eléctrica: Pésima señal enviada al mundo, costosa y dañina para el país

  • Con la reforma se promueve la energía sucia y cara, se afecta el futuro de todos.
  • Ignoran Legisladores a ciudadanos, expertos y empresas al aprobar iniciativa preferente sin escuchar y sin cambiarle “ni una coma”.
  • La LIE contraviene lo dispuesto en la Agenda 2030 de la ONU, lo establecido en el TMEC, el Acuerdo de París y la Constitución.

El Senado de la República aprobó la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que ya había sido avalada por la Cámara de Diputados, sin ningún cambio con respecto a la iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo federal y sin atender las voces de expertos, sociedad civil y empresas que alertaron sobre los efectos dañinos de la legislación.

Es grave que no se haya generado un Parlamento Abierto en el Senado lo que revela una intencionalidad política y no técnica, ni social, ni ambiental en su aprobación. Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) lamentamos que el proceso legislativo se haya realizado en “fast track”, sin darle voz a los ciudadanos.

También lamentamos que, como resultado de las modificaciones a la ley, México opte por impulsar las energías más sucias y más caras.

En un análisis de la iniciativa, realizado por expertos de COPARMEX, concluimos que la reforma a la LIE convierte a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en un monopolio, situación que traerá graves consecuencias económicas, legales, sociales, de salud y medioambientales no sólo a nivel nacional, sino también internacional.

Entre las afectaciones principales destacan la eliminación de la lógica de eficiencia con la que actualmente se despacha la energía más barata en el mercado.

Por ejemplo, el despacho a la energía termoeléctrica producida por la CFE tiene un costo de generación cinco veces mayor a la generación de energías limpias por empresas privadas. Esta reforma aprobada por el Congreso federal obliga a que la energía verde sea la tercera (o última) en ser despachada.

En COPARMEX consideramos que esta reforma no contribuye a revertir los 15 meses al hilo en los que la confianza empresarial se encuentra en niveles pesimistas. Nuestro país debe otorgar certeza a los inversionistas sobre las reglas a partir de las cuales se tomaron decisiones de inversión que ya se encuentran en operación.

En relación con las consecuencias legales, la modificación a la LIE puede terminar como letra muerta al provocar litigios desde su primer día que podrían llevarla a ser declarada inconstitucional, pues vulnera el artículo 28 de la Carta Magna.

Pero también impactará negativamente los acuerdos tomados en materia de protección de las inversiones en territorio nacional, no solo en el T-MEC, sino también en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), así como en acuerdos ya concluidos pero pendientes de ratificar, como el caso del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM modernizado).

Asimismo, contraviene los avances convenidos en el Acuerdo de París ratificado por México y más de 180 países contra el cambio climático que establece el compromiso de que para 2024 el 35% de las energías producidas deben ser energías limpias. También incumple con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 (ODS7) relativo a Energía Asequible y No Contaminante.

Si queremos que México tenga una economía de bienestar, es necesario que se pague menos por los servicios y en este caso eliminar la competencia no es la vía para lograrlo, ya que para mantener los precios como se encuentran ahora se requerirá de subsidios que serán absorbidos por los ciudadanos a través de impuestos y otros esquemas. Además, es una reforma costosa en términos sociales porque podría influir de forma negativa en hacer aún más lenta la recuperación y privar al país de nuevos empleos.

En COPARMEX queremos un país con futuro y eso implica apostar por tener un sistema eléctrico confiable, basado en energías limpias y que sea pilar para generar certeza a la inversión.

Actuaremos para que esto sea posible, por lo que ya analizamos las rutas legales necesarias para evitar el daño al país y a su sector productivo.

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