- Se requiere de forma urgente un replanteamiento de la estrategia de Seguridad Pública nacional.
- El atentado es una clara intimidación a los operadores de la Seguridad Pública de todo el país.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), condena el cobarde atentado contra Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Gobierno de la Ciudad de México, fiel reflejo de la imparable violencia que está viviendo el país y que ningún orden de gobierno ha podido contener.
En el Sector Empresarial hacemos un llamado a las autoridades correspondientes, a asumir la responsabilidad frente a las investigaciones -entre ellas a la Fiscalía General de la República (FGR)- con la finalidad de castigar a los culpables de este acto, que vemos como una intimidación a los operadores de la Seguridad Pública.
Resulta preocupante que durante los primeros 18 meses del actual Gobierno capitalino, se presente un repunte de delitos en comparación con la Administración pasada, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Durante este periodo han ocurrido 2 mil 334 asesinatos, mostrando un incremento del 106% en comparación con los primeros 18 meses de la Administración anterior. De igual forma, han ocurrido 243 delitos de secuestro, incrementándose estos en 167%, así como 7 mil 769 robos a negocio a mano armada, con un incremento del 30 por ciento.
A nivel federal, durante los primeros 19 meses del actual Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el crimen ha cobrado la vida de más de 55 mil personas, según cifras publicadas por el propio SESNSP, que depende de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
Los altos niveles de violencia que prevalecen, también alcanzan a las fuerzas de seguridad y a los impartidores de justicia, ya que, por ejemplo, durante lo que va de este año, se han registrado al menos 226 asesinatos de policías en el país, 1.47 en promedio cada día (cifras de la organización no gubernamental Causa en Común).
Asimismo, según datos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), de 1987 a 2020 se han registrado 8 asesinatos de jueces, mientras que han sido ejecutados 566 autoridades que han participado durante el período del 1 de diciembre del 2006 al 1 de junio del 2020, en la campaña permanente contra el narcotráfico y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (datos de la Secretaria de la Defensa Nacional, SEDENA).
Las organizaciones criminales representan una de las amenazas más graves para la seguridad nacional, por lo que se debe de optar por una política de “tolerancia cero” para acabar, en especial, con los cárteles del narcotráfico.
El Sector Empresarial demanda a las autoridades competentes, garantizar la integridad física de todos los operadores de la seguridad y justicia en el país, además de que se presenten las responsabilidades correspondientes por este atentado.
Ante este panorama, cuando lo que está bajo amenaza es la vida y el patrimonio de las personas, los pretextos y justificaciones sobran. Lo que se requiere de forma urgente es un replanteamiento de la estrategia de Seguridad Pública y un giro de timón inmediato, para hacer frente a la inseguridad y a la violencia.
En la COPARMEX enfatizamos que es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad de todos los mexicanos, en especial de aquellos que arriesgan su vida todos los días para garantizar el orden y la justicia del país.
