- Este dinero no debería ser usado bajo ninguna lógica política, ni económica, porque se trata de recursos fundamentales para garantizar la atención y tratamiento de los mexicanos que padecen enfermedades graves, ya que de ello depende su vida.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) lamenta que el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión haya aprobado la iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 77 bis 17 de la Ley General de Salud y que modifica el párrafo segundo del artículo 77 Bis 29, para permitir el saqueo de 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar (FSB).
Vemos con preocupación que esta medida impactará de forma inevitable en la calidad de vida de miles de mexicanos, dado que el Fondo de Salud para el Bienestar es el único mecanismo de protección para personas sin seguridad social que tienen alguna enfermedad de alto costo o “gasto catastrófico”.
En la COPARMEX lamentamos profundamente que se concretaron las intenciones manifestadas por algunos legisladores para reformar la Ley General de Salud, a fin de hacer un uso discrecional del dinero del Fondo de Salud para el Bienestar.
De acuerdo con la Ley General de Salud, el FSB tiene únicamente tres destinos de gasto:
- La atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos.
- La atención de necesidades de infraestructura, preferentemente en las entidades federativas con mayor marginación social.
- El complemento de los recursos destinados al abasto y distribución de medicamentos y demás insumos, así como del acceso a exámenes clínicos, asociados a personas sin seguridad social.
Al parecer no fue suficiente la eliminación de 109 fideicomisos públicos, para que la Administración Federal encabezada por Andrés Manuel López Obrador, pueda hacer uso de esos recursos de manera discrecional, por un monto aproximado de 68 mil millones de pesos.
Quitarle 33 mil millones de pesos al Fondo de Salud para el Bienestar es dañarlo significativamente, y, con ello, dejar sin esperanza a los miles pacientes de todo el país que necesitan de dichos recursos para atender sus enfermedades graves.
Desde el año 2012, a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, se atendieron aproximadamente un millón de casos de padecimientos con un alto costo, por ser enfermedades consideradas graves, como las cardiovasculares, cáncer, hepatitis, trasplantes, y malformaciones congénitas.
En la actualidad el Fondo cubre 66 enfermedades. El Gobierno actual prometió cobertura total y cero cuotas a partir del 1 de diciembre de 2020, incluso en la atención de especializada de tercer nivel, que requieren los enfermos graves. Sin embargo, con acciones como la antes descrita, está faltando a sus compromisos y atentando contra el derecho al acceso a los servicios de salud.
El Gobierno Federal argumenta que requieren los 33 mil millones de pesos para atender la pandemia de COVID-19, pero nada garantiza que esto sea así. Dichos recursos pasarán a una bolsa en la Tesorería de la Federación sin justificación alguna, sin control, sin transparencia y con toda opacidad, lo que es inadmisible.
Resulta incomprensible e irresponsable que el Gobierno Federal no haya considerado recursos para la compra de vacunas para atender la pandemia de COVID-19 en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021. No obstante, si el objetivo real es la compra de la vacuna, se deberían de etiquetar los recursos en el PEF 2021 y no transferirlos a la Tesorería de la Federación.
No es suficiente que el Gobierno se comprometa a utilizar ese dinero para “fortalecer acciones en materia de salud”, ya que la disminución del Fondo pone en riesgo la cobertura progresiva de los padecimientos, la atención integral y sostenible de las personas con enfermedades catastróficas.
Dicha decisión violenta el contenido mismo de la Ley General de Salud, además de que es una total negligencia aprobar esta iniciativa para seguir invirtiendo en obras faraónicas, a costa de la salud de miles de enfermos de padecimientos graves que
se quedarán sin atención.
