• La iniciativa contraviene el T-MEC al eliminar un regulador independiente, lo que pone en riesgo la certeza jurídica y la estabilidad del sector.
• El nuevo marco legal en telecomunicaciones deja en pausa al país: suspende todos los trámites del sector durante 60 días, afectando inversiones, innovación y conectividad.
Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) valoramos que se haya pospuesto la aprobación de la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Reconocemos la necesidad de actualizar el marco legal del sector, promover la digitalización, ampliar la conectividad y simplificar procesos. Esta pausa abre una ventana de oportunidad para revisar con profundidad una iniciativa que, en su redacción actual, compromete principios esenciales para el desarrollo del ecosistema digital.
Reiteramos nuestro llamado a un diálogo abierto, técnico y con todos los sectores involucrados, porque la propuesta plantea riesgos sustanciales: elimina la autonomía del regulador, erosiona la certeza jurídica, contraviene compromisos del T-MEC y debilita la competencia al permitir que entidades del Estado ofrezcan servicios comerciales bajo esquemas de subsidio, con asignaciones de espectro sin licitación ni contraprestación, y sin estar sujetas a un marco regulatorio equitativo. Esta asimetría vulnera el artículo 18.18 del TMEC, relativo a las Empresas Propiedad del Estado, y genera un entorno desigual que atenta contra la inversión, la innovación y el desarrollo tecnológico del país.
Nos inquieta especialmente la facultad de la nueva Agencia para ordenar el bloqueo de plataformas digitales sin intervención judicial previa. Esta medida, contenida en el artículo 109, vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la información y el debido proceso. La ausencia de salvaguardas claras abre la puerta a censura previa, genera incertidumbre jurídica y podría detonar controversias constitucionales e internacionales.
La ambigüedad en la definición de plataformas digitales propuesta en el artículo 3 amplía excesivamente las competencias regulatorias de la Agencia y contradice el principio de neutralidad tecnológica. Esta redacción imprecisa permitiría regular servicios de Internet que no forman parte de las telecomunicaciones tradicionales, generando fragmentación normativa y posibles violaciones a los artículos 15.3 y 19.4 del T-MEC.
El debilitamiento del principio de neutralidad de la red es otro aspecto crítico. Al eliminarse su definición legal y dejar su interpretación a lineamientos futuros de la ATDT, se introduce un alto grado de inseguridad para usuarios, operadores e inversionistas. Consideramos indispensable conservar el texto vigente del artículo 145 de la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para garantizar condiciones equitativas y transparentes en el uso de la red.
Asimismo, el transitorio décimo séptimo establece la suspensión de todos los trámites por un periodo de 60 días, lo que interrumpiría procesos fundamentales como licitaciones de espectro, autorizaciones de servicios y despliegue de infraestructura. Esta interrupción afectaría directamente la inversión, el desarrollo de tecnologías como 5G y la innovación digital en México.
El sector de telecomunicaciones representa el 3.3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y genera más de 265 mil empleos directos. De acuerdo con el Banco Mundial, un incremento del 10% en la penetración de banda ancha puede elevar el PIB en hasta 1.38%. Esto demuestra su carácter estratégico para la inclusión, el crecimiento económico y la competitividad nacional.
En la Confederación exhortamos al Congreso de la Unión a revisar con responsabilidad esta iniciativa, preservar la autonomía del regulador, eliminar disposiciones que amenacen derechos fundamentales y garantizar una transición ordenada. Una propuesta de esta magnitud debe construirse con base en el análisis técnico, el respeto a los principios constitucionales y el diálogo con todos los sectores involucrados. Solo así podremos consolidar un entorno digital robusto, abierto, competitivo y alineado con el desarrollo que México necesita.
