· Tiene pendientes en materia de protección de derechos humanos y derechos de las víctimas.
En la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideramos que la aprobación en el Senado, a los cambios propuestos a la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) desde la Cámara de Diputados es positivo, aunque insuficiente, pues prevalecen faltas en materia de protección a los derechos humanos y de las víctimas.
La aprobación del dictamen que contiene la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la FGR por parte de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado de la República y que abroga la Ley Orgánica promulgada en 2018 contempla que la Fiscalía podrá ejercer la facultad de atracción de casos del fuero común en los supuestos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Menciona además la inclusión de los derechos de las víctimas -que ya estaban señalados en la Ley General de Atención a Víctimas y fueron reiterados- y la ampliación de facultades a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, para que ahora pueda realizar investigación y persecución de los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes.
En Coparmex consideramos que una de las mejoras sustanciales que logra la reforma con los cambios aplicados, es que se asegura la autonomía del órgano que implemente el Servicio Profesional de Carrera, aspecto que contribuye a la profesionalización y al mejor funcionamiento de la FGR, pues podrá disponer de elementos debidamente capacitados para realizar su labor.
Aunque reconocemos una mejora significativa en la reforma, respecto del dictamen original, creemos que aún no cumple con las expectativas de las organizaciones civiles y colectivos de búsqueda que en los parlamentos abiertos señalaron deficiencias en la protección de los derechos humanos y en la capacidad de la FGR de garantizar plenamente los derechos de las víctimas.
Otros de los temas que advertimos quedan aún pendientes son: la búsqueda de personas, la protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, o la prevención y combate al lavado de dinero.
Consideramos que, con la aprobación y eventual promulgación de la Ley de la FGR, no deben concluir los esfuerzos para contar, a futuro, con una ordenanza que cumpla con los requerimientos expresados por la sociedad, mismos que deben ser atendidos con respeto y puntualidad.
