La reforma fiscal aprobada por el Congreso de Nuevo León en materia de Impuesto Sobre Nómina para este 2022, además de ser inconstitucional resulta perjudicial e inoportuna, ya que podría empeorar la situación laboral de las empresas, que ya de por si es complicada debido a las modificaciones en materia de subcontratación que entraron en vigor el año pasado.
El 13 de diciembre de 2021, el Congreso del Estado aprobó el paquete fiscal para el ejercicio 2022 que entró en vigor el 1° de enero, el cual incluye diversas modificaciones entre las cuales destaca la inclusión del artículo 154 Bis de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, mediante el cual se establece que se deben considerar incluidas como objeto del Impuesto Sobre Nóminas (ISN) gravable a una tasa del 3%, todas las erogaciones que se realicen por los conceptos que se asimilan a los ingresos por salarios conforme a lo previsto en el artículo 94 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Esta reforma resulta cuestionable e implica una violación constitucional a los principios de justicia tributaria, en tanto que obliga a los contribuyentes a gravar para efectos del ISN conceptos que no son acordes con su objeto ni naturaleza, pues no derivan de un servicio personal subordinado.
Por otro lado, las modificaciones complican la situación de las empresas desde una perspectiva laboral, pues el hecho de que se considere que la contribución en comento grava las erogaciones asimilables a salarios, podría considerarse como un indicio o indicativo en el sentido de que existe una relación y/o vínculo laboral entre el contribuyente y las personas a quienes les efectúa pagos por ese tipo de conceptos (asimilables a salarios).
No podemos dejar de advertir que esta reforma en materia de ISN entra en vigor en un momento sumamente inoportuno, tomando en consideración que las empresas del Estado de Nuevo León no solo han padecido los efectos nocivos provocados por la pandemia de Covid-19 en materia económica, sino también han incurrido en costos adicionales derivado de la reforma laboral que entró en vigor el año pasado en materia de subcontratación.
Tan solo durante los meses de mayo a agosto de 2021, cuando entró en vigor la reforma de subcontratación laboral, las empresas del sector servicios de Nuevo León registraron una baja neta de -16,044 trabajadores.
De acuerdo a la reforma, entre los conceptos que se pretenden gravar se encuentran los rendimientos y anticipos que reciban los miembros de las sociedades y asociaciones civiles; los honorarios a consejeros, administradores y comisarios; los honorarios pagados a personas físicas por servicios independientes o por actividades empresariales; entre otros.
Sobre el particular, existen precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los que se concluye que si un tributo como el ISN establece como objeto impositivo las erogaciones destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado atendiendo a su naturaleza jurídica laboral, luego entonces es inconstitucional y jurídicamente inadmisible que se incluyan dentro del mismo conceptos que no tienen ese carácter en tanto que no tienen su origen en una relación laboral de subordinación.
El sector patronal de Nuevo León aún en tiempos de crisis ha cumplido con su obligación de pago del ISN, a pesar de ser un impuesto que inhibe la generación de empleos formales cuando debería de incentivarse.
En el 2020 la recaudación de este gravamen logró un aumento positivo y en el 2021 alcanzó una tasa de crecimiento de 13%. Para el 2022, según la Ley de Ingresos aprobada por Congreso del Estado la recaudación estimada es de $11,104,262,895.
En Coparmex Nuevo León exhortamos al Gobierno de Nuevo León a tomar en cuenta todas estas afectaciones y dar marcha atrás a los cambios para no afectar más a las empresas y a los trabajadores del Estado.
