- · PEMEX requiere reestructura profunda con reglas claras y generen certidumbre y que no queden sujetas a la interpretación de la autoridad.
- · La reforma debe impulsar rentabilidad y solidez de las Empresas Productivas del Estado y establecer parámetros de competitividad que se traduzcan en mejores condiciones para los consumidores mexicanos.
Tras la presentación de la iniciativa dada a conocer el pasado 26 de marzo para reformar la Ley de Hidrocarburos, en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideramos que de aprobarse en los términos planteados, generaría inaplicabilidad, conflicto de preceptos jurídicos y violaciones graves a la Constitución.
Coincidimos con el espíritu de fortalecer al sector energético, pero creemos que solo será posible con el esfuerzo conjunto del gobierno y el sector privado. Nuestra presencia en el sector puede contribuir con experiencia, mejores prácticas internacionales, y un gran compromiso con el cumplimiento del Estado de Derecho. Nuestro actuar busca en todo momento aportar al crecimiento del país y combatir las conductas ilícitas dañinas para nuestra industria. Consideramos que estos lineamientos y objetivos también constituyen variables que impactarán positivamente en las Empresas Productivas del Estado.
El proceso de reforma a la Ley de Hidrocarburos impulsada por el Ejecutivo Federal debe estar abierto tanto a la sociedad como a la opinión de expertos y debe ser precisa para evitar generar incertidumbre innecesaria en el sector.
Los riesgos que advertimos con este proyecto de reforma están vinculados con la vulneración del Estado de Derecho por disposiciones discrecionales que podrían derivar en un potencial abuso de autoridad; y también, por posibles prácticas anticompetitivas, que no ponen a los consumidores como beneficiarios principales, sino que pretenden favorecer a Pemex a costa de mayores precios o combustibles de menor calidad.
Es preocupante que la propuesta presentada ante la Cámara de Diputados establezca que la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) podrán suspender los permisos, de manera temporal e indefinida (a discreción de la autoridad), petrolíferos e hidrocarburos ante “un peligro inminente”
a la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional sin que en ningún caso, definan claramente supuestos normativos.
En la iniciativa, se propone reformar el régimen de sanciones, a fin de revocar los permisos de operación previamente expedidos, a los sujetos que reinciden en la ejecución de conductas como: incumplimiento de las disposiciones aplicables a la cantidad, calidad y medición de petrolíferos y realizar modificaciones no autorizadas a la infraestructura del permisionario.
Esta propuesta es particularmente relevante, pues dada su redacción, abre la puerta para que las instalaciones y permisos –de cualquier tipo– tengan necesariamente que ser operadas por Pemex.
La modificación como se presentó, contempla que en caso de suspensión, la empresa estatal deberá ser la encargada de manejar y controlar las instalaciones suspendidas. Esto presenta una latente posibilidad para que la petrolera nacional (un competidor actual de los permisionarios afectados) sea designada para tomar el control de las instalaciones cuyos permisos sean suspendidos práctica que genera preocupaciones entre los inversionistas así como cuestionamientos sobre el Estado de Derecho, el respeto a las inversiones realizadas y los límites a la propiedad privada.
Así mismo, se ha señalado que la iniciativa permitiría combatir el “huachicol fiscal”; no obstante, para ello no se requiere hacer una reforma legal, sino aplicar de forma efectiva las sanciones previstas ya en la Ley de Hidrocarburos. Una reforma eficaz debería eliminar ambigüedades, generar certidumbre y fomentar la fortaleza del sector energético en su conjunto. En los términos actuales, la reforma terminará impugnada legalmente y no cumpliría su propósito.
Desde Coparmex, coincidimos con el Gobierno de México en la urgencia y necesidad de combatir del “huachicol” y diversas conductas que afectan al mercado de petrolíferos.
Sin embargo, insistimos en que la propuesta de reforma a la Ley de Hidrocarburos debe precisarse, de lo contrario generará incertidumbre en el sector, toda vez que los tres términos incorporados -seguridad nacional, seguridad energética y economía- que estarán en un “peligro inminente” tienen una amplia interpretación y ésta puede modificarse constantemente de manera discrecional afectando a toda la cadena de valor y en general, al ambiente de negocios en el país.
Desde Coparmex reiteramos nuestra disposición para contribuir a las transformaciones que México necesita, pero refrendamos que las empresas privadas en el sector energía deben ser un aliado y no un contrincante en las intenciones del gobierno para alcanzar el óptimo desempeño del sector. Puntualizamos que, si no se precisan los elementos contemplados en esta iniciativa ésta no garantizará el estricto apego al Estado de Derecho, el cual es base de un Estado democrático, y pieza clave en el crecimiento y desarrollo económico de nuestro país.
