- La actuación de los agentes extranjeros en México debe de estar siempre apegada al derecho internacional y a los convenios de cooperación bilaterales.
- Las intenciones de la iniciativa pueden ser positivas, pero su equivocado procesamiento e instrumentación puede generar efectos no deseables como beneficiar al crimen organizado.
La iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Nacional (LSN) enviada por el titular del Poder Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, busca regular la presencia de agentes extranjeros en México y la actuación de sus agencias en territorio mexicano, siempre que se realice en el marco de convenios bilaterales en materia de cooperación internacional.
Asimismo, dispone que las Representaciones Diplomáticas acreditadas en nuestro país, deben informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) los hechos que conozcan en el desempeño de las funciones de sus agentes.
Además, se plantea que la Cancillería mexicana -previo acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional (SEDENA) y de Marina (SEMAR)- acreditará a dichos agentes extranjeros y establecerá su circunscripción territorial.
Aunado a lo anterior, la iniciativa establece que los servidores públicos de los tres Poderes de la Unión, de los organismos autónomos, así como de las entidades federativas y municipios, deben apegarse a la LSN cuando se relacionen con agentes extranjeros, so pena de sanciones administrativas o penales.
Estos funcionarios deben entregar a la SRE y a la SSPC, un informe por escrito cuando celebren alguna reunión, haya intercambio de información, realicen llamadas telefónicas o intercambien comunicaciones con agentes extranjeros, lo anterior en un periodo no mayor a tres días, después de establecido dicho contacto y/o intercambio de información.
La iniciativa también prohíbe a los agentes extranjeros ejercer facultades reservadas a las autoridades mexicanas y se les obliga a informar al Estado mexicano respecto a todos los datos que recopilen en el ejercicio de sus funciones en México.
Asimismo, propone que los agentes extranjeros no tendrán ninguna inmunidad si incurren en la comisión de delitos; y en caso de que se compruebe algún incumplimiento por parte de dichos agentes, se solicitará al gobierno de origen el retiro de sus funcionarios y se suspenderán los convenios de cooperación.
Por último, la iniciativa establece un Grupo de Alto Nivel de Seguridad como órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional, para la atención y gestión de los convenios de cooperación internacional, integrado por los representantes de las instituciones y autoridades que determinen.
En la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) coincidimos con el espíritu de dicha iniciativa, ya que es preciso brindar certeza jurídica a la actuación de los agentes extranjeros, en las labores de la lucha contra en el crimen organizado, así como sus protocolos de actuación, sus operaciones, entradas y salidas del territorio nacional, además de que nuestra soberanía debe prevalecer. No obstante, hacemos algunas precisiones:
Por la vecindad con Estados Unidos, la cooperación bilateral en materia de seguridad es fundamental, pero las reformas propuestas por el Poder Ejecutivo Federal mexicano a la LSN generan más dudas que certezas. En especial, por la premura en su discusión y aprobación, sin escuchar a las partes interesadas, lo que solamente puede generar desconfianza. Esto ha quedado de manifiesto en las declaraciones inéditas de William P. Barr, Fiscal General de Estados Unidos, quien manifestó su preocupación por la reforma.
El funcionario estadounidense afirmó que, de ser aprobadas, las modificaciones a la Ley tendrían como efecto “dificultar la cooperación entre nuestros países” y “sólo puede beneficiar a las violentas organizaciones criminales transnacionales y otros delincuentes que estamos combatiendo conjuntamente”.
Es importante recordar que, para contar con una política de cooperación bilateral eficaz, es necesaria la coordinación entre municipios, entidades federativas y autoridades federales, ya que las relaciones internacionales de México, van más allá de un posicionamiento centralista de su política exterior a nivel nacional.
La paradiplomacia (entendida como la diplomacia ejercida por los gobiernos locales) y otros mecanismos vigentes de la diplomacia mexicana, también juegan un rol importante, por lo que optar por un modelo centralizado podría entorpecer los fines de esa cooperación, particularmente cuando se trata de una relación bilateral tan amplia.
Esta incluye, entre otros temas, el combate al terrorismo, al crimen organizado, al tráfico de armas y a la trata de personas, delitos que, además, tienen una amplia incidencia en zonas fronterizas, en las que son los gobiernos locales los que ejercen la soberanía en primera instancia, así como las acciones tendientes a preservar y garantizar la seguridad territorial.
En la Confederación Patronal estamos convencidos que cualquier convenio de cooperación suscrito debe garantizar el respeto a nuestra soberanía, la plena coordinación entre las secretarías de Estado involucradas en la materia, el fortalecimiento de la relación en materia de seguridad con la adecuada definición de actuaciones de las agencias ante los embates del crimen organizado, así como la ejecución de Planes Estratégicos y de Inteligencia. Solo de esa forma se potenciará la cooperación bilateral en la materia, no solo con EE.UU., sino con todos los países con los que mantenemos relaciones diplomáticas.
Las intenciones de la presente iniciativa pueden ser positivas, pero su equivocado procesamiento e instrumentación puede generar efectos no deseables, como la centralización de la coordinación con agentes extranjeros, la posible filtración de información clasificada, la erosión en la confianza entre autoridades mexicanas y estadounidenses, e incluso, que se realicen operaciones de forma clandestina en territorio nacional, al margen de las leyes mexicanas. El peor escenario es que se debiliten las instituciones y se fortalezca el crimen organizado.
Por lo anterior, desde COPARMEX advertimos con preocupación que reformas hechas al vapor y sin la deliberación necesaria -como es el caso de estas modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional- pueden tener como único resultado el debilitamiento de la relación bilateral en materia de seguridad, misma que se ha construido por décadas, y que no podemos permitir que se vulnere en poco tiempo.
