Preámbulo
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 marcará el rumbo del país en un contexto de desafíos económicos, sociales y fiscales. Desde COPARMEX observamos que, aunque el Paquete Económico parte de supuestos más realistas que en años anteriores, persisten riesgos que pueden debilitar los pilares sociales y limitar el crecimiento productivo.
El presupuesto mantiene un enfoque asistencial que no fortalece las capacidades productivas del país ni atiende las necesidades de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), que son el corazón de nuestra economía. Además, la concentración de recursos en sectores específicos, como el energético, deja rezagadas áreas fundamentales como salud, educación, seguridad e infraestructura. Perspectiva de la deuda pública y del presupuesto.
El Paquete Económico 2026 parte de una proyección de crecimiento entre 1.8% y 2.8%, superior a la expectativa promedio de 1.4%. Si bien factores como el nearshoring o una revisión favorable del TMEC podrían impulsar la economía, el deterioro de la certeza jurídica derivado de las reformas judiciales, entre ellas las que restringen el amparo, limita el potencial de expansión.
El Gobierno Federal estima ingresos tributarios por 5.8 billones de pesos, un incremento de 6.5% respecto a lo aprobado en 2025. Sin embargo, este escenario parte de un déficit de 4.1% del PIB, sólo ligeramente menor al de 2025. Con ello, la deuda pública alcanzará un máximo histórico de 52.3% del PIB, equivalente a 151 mil pesos por habitante, de acuerdo con México Evalúa.
Este nivel de endeudamiento no sería alarmante si los recursos se destinaran a proyectos productivos.
No obstante, consideramos que, una vez más, la deuda financiará principalmente gasto corriente y no inversión. El costo financiero ascenderá a 1.6 billones de pesos, con un incremento real de 9.4%, lo que reduce el espacio fiscal disponible para áreas prioritarias.
Salud
El presupuesto para el sector salud asciende a 965.7 mil millones de pesos, un aumento de 5.9% respecto al año anterior. Sin embargo, el gasto total representa apenas el 2.5% del PIB, lejos del 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Aunque el IMSS concentra el mayor aumento, con 12% más recursos, la Secretaría de Salud y el ISSSTE registran recortes. Inquieta particularmente la disminución de 5.9% en la COFEPRIS, que ya enfrenta rezagos en trámites y registros sanitarios que inclusive han sido denunciadas por las autoridades de Estados Unidos como barreras comerciales no arancelarias.
Esta situación no solo afecta la disponibilidad de medicamentos y dispositivos médicos, sino también la competitividad del sector salud. En un país donde 44.5 millones de personas carecen de acceso a servicios médicos, la asignación presupuestal resulta insuficiente para garantizar la atención universal y de calidad que la población merece.
Educación
La función educativa tendrá un incremento global de 3.4%, equivalente a 40.3 mil millones de pesos adicionales. El gasto en educación pública aumentará 8.6%, al pasar de 495 mil millones en 2025 a 537 mil millones en 2026. Sin embargo, gran parte del incremento se concentra en programas asistenciales. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez absorberá 195.1 mil millones, un aumento de 34.2% que representa 36.3% del total del sector.
Aunque el apoyo directo a estudiantes es valioso, la prioridad nacional debería centrarse en mejorar la infraestructura, capacitar docentes e incorporar tecnología en las aulas. Sin inversión en capital humano y calidad educativa, será imposible incrementar la productividad ni reducir las brechas sociales y regionales.
Seguridad
El presupuesto destinado a seguridad asciende a 212.4 mil millones de pesos, un crecimiento real de 3.6%. Sin embargo, los recursos presentan una distribución desigual que limita su efectividad. La función de “Seguridad Nacional” cae 0.97%, mientras que “Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior” aumenta 15.2%. En contraste, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana —encargada de la seguridad civil— sufrirá una disminución de 18.6%, quedando con 63 mil millones.
Con menos recursos para la seguridad ciudadana, se debilita la capacidad institucional para garantizar la tranquilidad de las familias, promover el Estado de Derechos y asegurar condiciones propicias para la inversión.
Inversión
La inversión pública alcanzará 1.25 billones de pesos, equivalente al 3.2% del PIB. Aunque representa un aumento de 19.8% real, sigue lejos del 5% del PIB necesario para detonar inversión privada y lograr un crecimiento sostenido. Tan solo tres funciones —energía, vivienda y transporte— absorberán más del 80% del gasto de inversión física. Particularmente, PEMEX se lleva 1 de cada 4 pesos de inversión pública.
Esta concentración limita la diversificación productiva y reduce el impacto social del gasto. Obras prioritarias, como el Tren Maya, continúan acaparando recursos que podrían canalizarse a proyectos con mayor rentabilidad social como hospitales, escuelas, carreteras y conectividad digital.
Postura COPARMEX
En COPARMEX sostenemos que el presupuesto debe convertirse en un instrumento para el desarrollo productivo y no solo para la administración del gasto. La deuda pública, en sí misma, no representa un riesgo si se orienta a proyectos que generen crecimiento, empleo y bienestar sostenible. Por ello, proponemos:
• Fortalecer a las MiPyMEs a través de programas de capacitación, digitalización, financiamiento y vinculación con cadenas de valor, reconociéndolas como el motor de la economía mexicana.
• Reorientar la deuda hacia inversión productiva. Los recursos deben destinarse a infraestructura estratégica, innovación, salud y educación, no al gasto corriente.
• Elevar la inversión pública al 5% del PIB con una planeación que promueva la inversión privada,
especialmente en sectores de alto impacto regional.
• Impulsar la participación del sector privado en energía y obras públicas mediante esquemas de inversión mixta que liberen recursos públicos.
• Asegurar la eficiencia del gasto público, priorizando programas que mejoren la calidad de los servicios y el bienestar de las familias.
• Fortalecer la seguridad y el Estado de Derechos. Es urgente reasignar recursos suficientes para la seguridad ciudadana, profesionalizar a las corporaciones policiales, garantizar equipamiento adecuado y fortalecer los sistemas de justicia.
• Garantizar que las leyes secundarias derivadas de la reforma judicial se construyan con apertura y diálogo, para preservar la independencia de los poderes y mantener la certeza jurídica que requieren las inversiones y los empleos.
El Paquete Económico 2026 debe equilibrar la responsabilidad fiscal con una visión de futuro. Sin apoyo decidido a las MiPyMEs y sin fortalecer los pilares sociales, México corre el riesgo de frenar su potencial productivo y agravar la desigualdad.
Reafirmamos que el crecimiento económico solo será sostenible si se impulsa a quienes generan empleo, invierten y arriesgan: las empresas. Necesitamos un presupuesto que fortalezca el Estado de Derechos, garantice la seguridad, promueva la innovación y asegure que cada peso del gasto público se traduzca en oportunidades reales para las familias mexicanas.
México requiere decisiones responsables, una política económica que mire al futuro y un compromiso claro con la productividad y el bienestar. Solo así construiremos, juntos, un México mejor.
