- El marco legal aprobado en 2018 aún no ha podido madurar. De existir deficiencias, éstas deben ser corregidas. Una nueva ley es un despropósito.
- Se requiere que las voces de víctimas, ciudadanos y la opinión de expertos sean escuchadas.
Nuestro país lleva, lamentablemente, más de una década experimentando un incremento sin precedentes en los niveles de violencia y delincuencia. La procuración de justicia también ha sido trastocada, y lamentablemente, el marco legal aprobado en 2018 a nivel federal aún no ha podido madurar. No puede negarse el hartazgo ciudadano ante la inseguridad.
Una nueva Ley de la FGR atenta contra su autonomía y desatiende a las víctimas; es urgente hacer cumplir la normatividad vigente y corregirla en caso de tener deficiencias, más no debe ser sustituida.
Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) expresamos nuestra preocupación por el avance en el Senado de la nueva Ley de la Fiscalía General de la República, cuyo dictamen fue aprobado por las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos Segunda y que, de ser avalado por el pleno, significaría un retroceso legal y una vuelta hacia la centralización.
Esta reforma pretende eliminar la participación de la FGR en los grupos, juntas de gobierno y comités o comisiones, o bien la representación de programas de organismos de derechos humanos y personas vulnerables, bajo un malentendido concepto de autonomía.
El dictamen que se prevé sea discutido esta misma semana, elimina, entre otros, el mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por ejemplo.
Por lo que toca al Consejo Ciudadano, lo deja como un órgano sin fuerza, únicamente para emitir opiniones, eliminando con ello los contrapesos internos al Fiscal General y acrecentando la centralización de poder. Desde Coparmex reiteramos nuestro llamado para privilegiar una discusión profunda, en la que participen y sean escuchadas las voces de los organismos internacionales, colectivos, defensores de derechos humanos y víctimas.
Se requiere que las voces de víctimas, ciudadanos y la opinión de expertos sean escuchadas.
Por ejemplo, se desatendió la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que exhortó en diciembre pasado al Estado mexicano a no aprobar una nueva ley, y propuso en cambio, que se solicitara el apoyo técnico de la Organización de Estados Americanos, para la construcción del modelo institucional de la nueva FGR, a través del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).
Por su parte, el Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dirigió una carta al Senado de la República en la que advertía que esta reforma podría representar una amenaza a la independencia de la Fiscalía. En el último Examen Periódico Universal al que se sometió nuestra nación en 2018, diversos países formularon recomendaciones en el sentido de implementar cabalmente la reforma constitucional de 2014, para crear fiscalías verdaderamente autónomas e independientes y fortalecer la profesionalización.
Por lo tanto, lo avalado en comisiones del Senado y su eventual aprobación en el pleno, implica una regresión en la administración de justicia, pues anula derechos adquiridos que reconoce la actual legislación.
Entre las limitaciones que posee el proyecto se encuentran las siguientes: Niega la justicia transicional de los derechos de verdad, justicia y reparación; rechaza la colaboración interinstitucional, al exigir el mando y conducción del Ministerio Público sobre las policías y de la Guardia Nacional; no hay una independencia y autonomía de los y las fiscales, pues impone un mecanismo de subordinación; elimina el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; elimina al Consejo Ciudadano en el organigrama de la Fiscalía y también a la Unidad de Género de la FGR en medio del reclamo de violencia hacia las mujeres.
Un cambio muy delicado es que se expulsaría a la Fiscalía del Sistema Nacional de Búsqueda, pues desconoce el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas y el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, además de que abandona su responsabilidad para encabezar el programa para Prevenir y Sancionar la Tortura y atenta contra la independencia y autonomía de los fiscales.
Es indispensable frenar que un solo Titular sea facultado para ejercer la responsabilidad de manera unipersonal y unilateral —sin pasar por órganos colegiados-, debe evitarse convertir a la institución en un ente vertical, vulnerando con ello la autonomía de los agentes ministeriales; también establecer no una coordinación –sino subordinación- de las otras autoridades; automatizar la información, sin transparencia ni supervisión ciudadana, y convertir a la FGR en una institución cerrada, opaca e ineficiente.
Consideramos que la ley vigente, publicada en diciembre de 2018, misma que tuvo como base la reforma constitucional de 2014, ha tenido un tiempo de maduración muy corto, por lo que los esfuerzos no deberían centrarse en crear una nueva Ley para la Fiscalía, sino en lograr implementar la actual de forma eficaz y que, de señalarse deficiencias, estas sean corregidas.
Coparmex se ha comprometido, desde hace varios años, a desarrollar acciones y generar concordancias con actores privados y públicos a fin de inhibir la existencia de amenazas que deterioren el entorno social. En años recientes, en aras de alcanzar el fortalecimiento institucional de la FGR, la Coparmex impulsó la iniciativa ciudadana Reforma102 que contó con el soporte de 70 mil mexicanos, quienes a través de su firma manifestaron su rechazo a la imposición de un fiscal a modo.
Estamos abiertos a los cambios en beneficio del país y conscientes de la necesidad ineludible de contar con instituciones sólidas, responsables e independientes para procurar seguridad y justicia a la ciudadanía. Por ello, reiteramos que, no es necesaria una nueva ley; lo que sí es urgente es cumplir con el marco legal vigente para que se garantice la investigación y persecución de casos de corrupción, y se sancione la violación a los derechos humanos.
Exhortamos al Poder Legislativo a que se reconozca el valor social de contar con una Fiscalía autónoma y a que dimensione el esfuerzo ciudadano que por años estuvo detrás para materializarla en 2018. La autonomía constitucional de la Fiscalía debe ser entendida como una garantía de acceso a la justicia, así como para evitar presiones ilegítimas en la investigación y lograr llevar los casos ante tribunales. Es clave para acabar con la impunidad.
