Señal Coparmex
- Contraviene tratados de comercio, en sus cláusulas de protección de inversiones.
- Estaría en riesgo la nota soberana de inversión.
Mediante un memorándum el Gobierno Federal ha vuelto a poner en entredicho el Estado de Derecho en México.
Justo en el momento en que se necesita confianza para invertir y comenzar la reactivación económica, el Presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos ajustarse a la nueva política económica y energética para favorecer y fortalecer a las empresas del Estado, lo cual pone en entredicho la autonomía de estas instancias reguladoras.
Esta medida, de concretarse, atenta contra la competitividad y el libre mercado. Atenta de forma directa la confianza de la Iniciativa Privada, la cual tiene grandes inversiones en el sector energético. Atenta contra los ciudadanos, que tendrán que atenerse a los precios y condiciones de los monopolios energéticos estatales.
En último término, y quizá el más importante: de hacerse realidad el memorándum se violarían preceptos contenidos en tratados comerciales que buscan proteger las inversiones en el país.
Lo último que México necesita en un panorama tan complejo como el actual es entrar en un diferendo con nuestros principales socios comerciales. El memorándum, no está de más decirlo, pondría en riesgo la nota soberana de inversión de nuestro país.
Lo que se desprende del memorándum es que el Presidente López Obrador ha diseñado una estrategia para hacerse del control total del sector energético. En última instancia, el Ejecutivo busca regresar a un modelo de estatización energética.
Con su memorándum, el Presidente López Obrador prácticamente obliga a los reguladores a seguir sus indicaciones, despreciando su autonomía. Solicita a los permitido por la Ley, o no, el fortalecimiento de Pemex y la CFE por medio de las directrices expuestas, con lo que sólo pretende legitimar sus órdenes, pasando por encima de las reglamentación de la CRE y la CNH.
En otro punto del memorándum se señala que la iniciativa privada sólo podrá participar en contratos y servicios, lo que significa ahuyentar millonarias inversiones del país. El modelo que se describe en el memorándum ya ha fracasado en sexenios anteriores.
En el caso del Sistema Eléctrico Nacional, el documento pide que sean atendidas en primer lugar las hidroeléctricas; después lo generado en plantas de la CFE; en tercer término lo producido por energía eólica y solar de particulares; y por último la energía de ciclo combinado generada por empresas privadas. Debemos advertir que las energías renovables ocupan el tercer lugar siendo que son más baratas y menos contaminantes.
Las nuevas salvaguardas del T MEC no son tampoco, en relación al memorándum, un tema menor. Si el gobierno intenta cambiar las reglas a empresas estadounidenses o canadienses, las compañías o incluso sus gobiernos pueden demandar a las autoridades mexicanas.
La entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá constituye una protección para las inversiones extranjeras en materia de energía que se realicen en nuestro país.
El T MEC es muy claro: la responsabilidad de proteger las inversiones que llegarán a Estados Unidos, Canadá o México corresponden a cada nación. Las inversiones energéticas están protegidas por el T-MEC, que preservó del Tratado anterior el mecanismo del arbitraje internacional.
El memorándum, por último, resulta contradictorio. Señala que “todo lo que hagamos debe apegarse a normas legales y bajo ninguna circunstancia alterar el Estado de Derecho”. Pero en los hechos el Presidente está casi ordenando favorecer a PEMEX y a la CFE, violando la leyes de competencia y de transición energética.
La Confederación Patronal de la República Mexicana hace un llamado enérgico al Gobierno Federal a respetar la ley e impulsar el sector energético, pero sin controlarlo.
Urge garantizar el marco normativo para brindar certidumbre a las inversiones que está haciendo la Iniciativa Privada con el ánimo de reactivar la economía deprimida del país. Urge crear un clima de respeto y cumplimiento del Estado de Derecho. Sólo de esa manera podrá restañarse la confianza perdida de los inversionistas.
