- La medida lejos de ayudar a las familias las ha expuesto a riesgos frente a las mafias que comercializan estos autos.
- Se ha puesto en riesgo al sector automotriz y a sus empleos a cambio de una medida político-electoral y recaudatoria por parte del Gobierno de México, la muestra es que ha recibido ingresos excedentes por más de tres mil millones de pesos por la legalización de los “autos chocolate”.
- Es un contrasentido, ya que por un lado se celebra la llegada de Tesla, pero por otro, se mina a los trabajadores formales del sector.
En la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) coincidimos con lo expresado por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) en que la ampliación hasta junio de 2023 del decreto para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, significa un nuevo golpe al sector automotriz nacional.
Además, el anuncio realizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, confirma lo que advertimos hace poco más de un año: que la ordenanza convalida la ilegalidad y pone en total desventaja al mercado mexicano de autos de segunda mano, cuya vida útil, componentes y funcionamiento están certificados para evitar daños al medio ambiente, cuidar la inversión y la seguridad de los compradores.
A partir de marzo del 2022 y hasta febrero de 2023, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se regularizaron en México un millón 319 mil 438 automóviles que ingresaron de manera ilegal a nuestro territorio, con un costo por trámite para legalización de dos mil 500 pesos.
Más aún, el número de automotores legitimados es superior por 186 mil 687 unidades, al millón 132 mil 751 vehículos nuevos vendidos en el mismo periodo de tiempo, lo que significa que carros en óptimas condiciones se dejaron de comercializar debido a la competencia desleal que genera este mandato, mismo que no ha erradicado la exposición de las familias a las mafias que comercializan los llamados “autos chocolate”.
Es importante mencionar que la disposición tampoco ha contribuido a frenar el problema que representa para los mexicanos el ingreso de estas unidades al país, pues los fraudes a la población por parte de organizaciones que prometen la legalización del bien ante la obsolescencia del Registro Público Vehicular (REPUVE) para atender la demanda, se han incrementado.
El decreto opera en la opacidad pues no existen reglas claras sobre qué pasará con los vehículos de contrabando que siguen llegando a México y que no se regularicen cuando concluyan las ampliaciones dadas a conocer, pues de acuerdo con datos recabados por el sector automotriz, aún hay más de un millón de unidades esperando ser regularizadas y las fronteras continúan abiertas.
A esto hay que sumar que existe una nueva preocupación, ya que, con la ampliación de la vigencia del decreto, también se analiza incluir la regularización de miles de vehículos que no están contemplados en el acuerdo original por no haber sido manufacturados en la zona que comprende el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), lo que complicaría la situación y reduciría los precios de los usados nacionales debido a la sobre oferta de vehículos de modelos y años similares.
Ante este panorama, es importante dejar claro que en México no se deben seguir privilegiando medidas que afectan el desarrollo económico y que están por encima del bienestar de las familias y de la generación de empleos que se dan gracias al alto potencial e importancia de la industria automotriz en la nación.
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