Ciudad de México – El Sol de México.–
Como amarga medicina, nuestros diputados, decidieron recetar a la sociedad la Ley de Seguridad Interior; misma que debe de ser ratificada por el Senado para completar el proceso legislativo y dar paso a su promulgación.
En el ambiente se develan muchas dudas sobre la conveniencia o perjuicio de la participación de las fuerzas castrenses en tareas de seguridad pública, que en la lógica constitucional deberían realizar las fuerzas del orden civil. El trago no es fácil, reconocer que nuestras fuerzas de seguridad civiles no pueden contener la delincuencia y violencia que campean a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional.
Sumamos más de diez años de militarización que no han sido suficientes para –al mismo tiempo- trabajar en la reconstrucción de nuestro sistema de seguridad pública, alejándonos, cada vez más, de poder contar con instituciones civiles de seguridad que nos ofrezcan garantías y eficiencia. Más de ciento veinte meses en los que no hemos sido capaces de dignificar el oficio de ser policía, ofrecer formación, un plan de vida y carrera, salario digno y prestaciones acordes a un trabajo tan importante. Más de tres mil seiscientos cincuenta días de incompetencia para establecer las mejores prácticas internacionales en la gestión y operación de nuestro modelo de seguridad pública. Esto a pesar de que el dinero no ha faltado, recursos públicos que, en gran medida, se han desperdiciado en el camino; ya sea derrochados innecesariamente o bien desviados a los bolsillos de muchos de los participantes en la toma de decisiones de la administración pública.
Desde esta perspectiva y coyuntura se debe entender esta Ley de Seguridad Pública. Estamos tan mal para garantizar la convivencia pacífica en nuestras comunidades que debemos aceptar el tener que militarizar la seguridad. Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Oficina del Alto comisionado de las naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como colectivos de organizaciones no gubernamentales especializadas en el tema (#seguridadsinguerra) han alertado sobre los riesgos implícitos y las poco alentadoras experiencias internacionales de países que siguieron el mismo derrotero. Difícil narrativa, muy lejana, para quien habita en algún municipio de Veracruz, Guerrero, Michoacán, Morelos, Estado de México, Quintana Roo, Sinaloa o -por ejemplo- para los empresarios exportadores de Tamaulipas que han logrado la subsistencia de sus negocios al amparo y resguardo de la Marina Armada de México.
Lo que merece una buena explicación, por parte de nuestros diputados, son las razones para rechazar el Dictamen de Reforma Constitucional para crear el Sistema Nacional de Seguridad Pública que permitiría establecer el Mando Mixto. Es precisamente en esta ley donde podemos vislumbrar parte importante de la solución a los problemas de inseguridad en México, vinculando a los tres órdenes de gobierno para recomponer nuestras policías a nivel federal, estatal y municipal. En pocas palabras: nuestros legisladores atendieron la urgencia y menospreciaron lo importante. La ley de Seguridad Interior supone riesgos, más aún si no se vincula a un nuevo Sistema Nacional de Seguridad Publica.
