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El T-MEC compromete a todos en la lucha anticorrupción

Señal Coparmex


LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN NO ES UNA ESCALERA QUE SE BARRE DE ARRIBA ABAJO, ES UN MECANISMO INSTITUCIONAL QUE TODAVÍA NO HA SIDO ACTIVADO.

No basta sólo el discurso para luchar contra la corrupción. Es necesario activar el Sistema Nacional Anticorrupción. El T-MEC, con su capítulo anticorrupción, nos obliga a reforzar esa lucha.

I. Contexto

Una de las principales banderas que como candidato enarboló Andrés Manuel López Obrador fue la lucha contra la corrupción. El voto masivo de los mexicanos le otorgó un mandato al Presidente para encabezar esa lucha. Dos años después de las elecciones el panorama no es alentador. El presidente ha ignorado al Sistema Nacional Anticorrupción, ha aumentado el uso del gasto discrecional en contratos públicos y ha despreciado señalamientos públicos en contra de importantes miembros de su Gabinete.

Desde el comienzo de su gobierno, el Presidente López Obrador ha desacreditado la relevancia del Sistema Nacional Anticorrupción y ha emprendido diversas acciones que han debilitado el entramado institucional del combate a la corrupción.

En el 90% de los discursos del presidente menciona en promedio 9 veces la palabra corrupción. Ese discurso sigue teniendo gran impacto entre la gente. Pero con discursos no se va a terminar con la corrupción. Se necesitan acciones institucionales. Más ahora que la percepción pública señala notorios casos de presunta corrupción en el equipo cercano del Presidente, como es el caso de Manuel Bartlett y Zoé Robledo, a los que se suma especialmente el caso de la Secretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval, dado el papel crucial que ocupa en el combate anticorrupción.

II. Bloqueos al SNA

El Sistema Nacional Anticorrupción se encuentra en su momento más bajo desde que fue creado. Su órgano ciudadano –el corazón del sistema–, solo cuenta con tres de los cinco miembros que debería de tener. Los dos restantes no podrán ser nombrados hasta que exista una Comisión de Selección, misma que debe de ser propuesta y aceptada por el Senado de la República. La integración de esta Comisión lleva un año de retraso, lo que muestra claramente el desinterés del Poder Ejecutivo en el tema a pesar de que en el discurso sea su tema más socorrido. 

El avance de los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEAS) ha sido muy lento ya que han enfrentado resistencias de las autoridades locales. A casi cuatro años de que se promulgaron las leyes que dieron vida al SNA, ni Chiapas ni Nuevo León han instalado el Sistema Anticorrupción. Por su parte, los sistemas de Baja California y de la Ciudad de México fueron invalidados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a comienzos de este año.

En lugar de fortalecer institucionalmente el SNA, el Gobierno Federal parece dedicado a debilitarlo. Tales el caso de la reciente instalación del Comité Técnico especializado en Información sobre Corrupción (CTEICO), creado sin tomar en cuenta al Poder Legislativo. Este Comité de facto desdibuja al SNA, pues tendrá objetivos similares. Peor aún, en lugar de estar presidido por un ciudadano, este Comité lo encabezará la propia Secretaria Irma Eréndira Sandoval. El Gobierno investigándose a sí mismo no es una buena idea, es una farsa.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), una de las instituciones clave que conforman el SNA, incumplió con la entrega del Primer Informe de la Cuenta Pública de 2019, la primera del presente gobierno. La excusa fue la pandemia, sin embargo, la ASF no notificó a la Cámara de Diputados o a la ciudadanía de su incumplimiento. Perder la neutralidad de la ASF constituiría un duro golpe para la lucha anticorrupción. Gracias a los informes de la ASF la ciudadanía pudo conocer los casos de la “Estafa Maestra” y las corruptelas de Javier Duarte, que provocaron la movilización de la sociedad en la lucha anticorrupción. Esta movilización cristalizaría al cabo con la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción y de Fiscalización.

III. El T-MEC y el capítulo anticorrupción

El 1 de julio de 2020 entró en vigor el nuevo tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC. El Tratado contiene un capítulo anticorrupción cuyo propósito es reforzar el combate a la corrupción en los países que lo integran. Este capítulo compromete a México a combatir prácticas y actos de corrupción, a sancionar a funcionarios públicos que incurran en este delito, a adoptar programas de cumplimiento con base en mejores prácticas y a fortalecer la cooperación entre las autoridades de los tres países.

Su objetivo es el de combatir la corrupción como una condición necesaria para construir un Estado de Derecho que brinde certeza y seguridad jurídica a las inversiones y al comercio.

El T-MEC tiene múltiples beneficios, pero también obligaciones. El Capítulo Anticorrupción del Tratado busca eliminar incentivos para los actos de corrupción, lo que lo alinea con el esfuerzo del SNA.

Las obligaciones adquiridas con el T-MEC obligan al Gobierno Federal a retomar el fortalecimiento de las instituciones que integran el SNA. Debemos estar atentos al cumplimiento de estas obligaciones.

El rechazo público del Presidente al SNA, sumado al abandono de las obligaciones con las instancias que lo conforman, pone en duda si nuestras instituciones tendrán la capacidad de cumplir con los compromisos anticorrupción asumidos con el T-MEC.

No sólo el Poder Ejecutivo ha sido omiso en fortalecer las instituciones anticorrupción, el Poder Legislativo no ha podido armonizar nuestros SNA al nuevo Tratado. Un ejemplo: no existe en el país una ley general de protección a los denunciantes. Sin esta ley, la lucha anticorrupción no puede comenzar, ya que sin denuncias no puede haber sentencias. Actualmente sólo existe un sitio web de denuncias habilitado por la SFP, mismo que ha estado suspendido en los últimos meses.

Lo preocupante del caso es que una facultad del SNA es poner en marcha la Plataforma Digital Nacional, un Sistema de Denuncia Ciudadana, que abarca todas las responsabilidades administrativas y los delitos de corrupción, no sólo a nivel federal, sino también a nivel estatal y municipal. En lugar de aplicarse a mejorar lo que se está construyendo, el sistema creado por la SFP genera confusión en los canales de denuncia.

El T-MEC establece medidas respecto de los servidores públicos tales como: contar con procedimientos adecuados para la selección y capacitación; medidas para identificar y gestionar el conflicto de interés; declaraciones patrimoniales y de intereses; códigos de conducta y la remoción de personas que siendo parte del gobierno cometan actos de corrupción. Para la mayoría de estas obligaciones, el SNA ya cuenta con mecanismos y normas. Tal es el caso de las declaraciones 3de3 que fueron resultado de la exigencia de la sociedad civil, en la que activamente participó la Coparmex.

Las declaraciones 3de3, sin embargo, han perdido su fuerza inicial, ya que a mediados de 2019 se modificaron para dejar de transparentar los bienes inmuebles que se tienen en copropiedad. La Secretaria Irma Eréndira Sandoval, envuelta en un escándalo por dejar fuera propiedades de su declaración patrimonial, votó a favor de este cambio que ahora la beneficia.

En los hechos se ha podido comprobar que la administración actual ha decidido dar marcha atrás al combate anticorrupción que ofreció como promesa de campaña y estandarte de su gobierno. Esto sin duda acarreará problemas graves de cumplimiento del capítulo anticorrupción incluido en el T-MEC. Frente a las obligaciones del Tratado no bastan los discursos contra la corrupción. Es necesario activar los mecanismos que existen en el SNA para combatir prácticas y actos de corrupción, así como sancionar a funcionarios que incurran en este delito.

Se trata de algo muy grave. En caso de incumplimiento, el Capítulo 27 contempla un mecanismo de solución de diferencias que pudiera, en caso de no llegar a un acuerdo, permitir que el Estado que reclama suspenda parcialmente la aplicación del Tratado. Las consecuencias que eso implicaría serían devastadoras para la ya debilitada confianza de los inversionistas en nuestro país. Fortalecer y coordinar las instituciones que pertenecen al SNA será crucial para determinar la imagen que queremos ofrecer hacia el exterior.

IV. Exigencia

El Gobierno Federal combate a la corrupción sobre todo en los discursos. Pero con discursos no se va a terminar ese delito. Al negarse a tomar como eje central y rector de la lucha anticorrupción al SNA y pretender generar sus propios criterios, desvirtúa y desdibuja el combate real a la corrupción.

El artículo 113 de la Constitución y el artículo 9 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción otorgan al Comité coordinador del SNA la facultad de diseñar y aprobar la Política Nacional Anticorrupción que debe regir en el Estado Mexicano. Se trata de obligaciones jurídicas que se derivan de una facultad constitucional que debe acatarse.

En la Coparmex hacemos un enérgico llamado al Gobierno Federal para que investigue a fondo los casos sospechosos de corrupción entre los miembros de su gabinete y para que fortalezca, y no debilite, al Sistema Nacional Anticorrupción, que nació con vocación ciudadana y así debe de permanecer.

El sector empresarial formará parte de la estrategia regional contra la corrupción que contempla el Tratado. Impulsaremos las medidas de carácter preventivo como programas de ética empresarial, control interno y mecanismos de cumplimiento anticorrupción.

El Gobierno Federal, por su parte, está obligado a cumplir los compromisos que adquirió con la firma del T-MEC. Su Capítulo Anticorrupción debe lograr que el discurso del combate anticorrupción se traduzca en acciones concretas y tangibles.

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