Señal COPARMEX
El 1 de Septiembre se cumplieron 275 días de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Acorde al mandato constitucional el titular del Poder Ejecutivo Federal cumplió con la obligación de entregar su Primer Informe de Gobierno, aunque no asistió a la sesión de Congreso General para hacerlo, como lo había comprometido al inicio de su gestión.
Sin sorpresas mayores, el Presidente leyó un discurso en Palacio Nacional, donde resaltó –una vez más– las diferencias entre su forma de hacer política y gobierno, y la de las administraciones anteriores. Más que un informe del Estado que guarda la administración pública federal, se trató de un compendio de acciones políticas.
No hubo en la alocución presidencial la rendición de cuentas que se espera en el primer corte de la administración pública federal como lo marca la Constitución. La retahíla versó, una vez más, en relación a los programas sociales que no cuentan con una métrica para conocer sus efectos en el desarrollo de la economía y en la satisfacción de la sociedad beneficiaria.
En cuatro temas torales abordados por el presidente de la República, los retos superan los logros: Estado de derecho, soberanía entre poderes, respeto a los órganos autónomos y democracia.
Las carencias del Estado de Derecho, como el combate a la corrupción y a la impunidad, no se solucionan por retórica, es necesario hacerlo cumpliendo las leyes para todos sin distingos, con la participación activa de los órganos autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, efectivamente, manteniendo una distancia del partido político que ostenta la mayoría en las cámaras federales.
Hechos como el memorándum emitido por el Presidente para pretendidamente abrogar la reforma educativa, violentan el Estado de Derecho y ponen en riesgo las atribuciones de cada Poder de la Unión.
México requiere de un quehacer gubernamental bien definido en cuanto a su división de poderes. Con un Legislativo ejerciendo a cabalidad sus facultades electivas, presupuestarias y de fiscalización; y con un Poder Judicial garante de la constitucionalidad y la legalidad.
Hablar de respeto a la democracia cuando desde la oficina presidencial se pretende limitar las operaciones del Instituto Nacional Electoral, o cuando en Baja California el partido del Presidente con su mirada complaciente se apuesta a invalidar el mandato ciudadano, resulta falaz.
México necesita, y el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre estuvo consciente de ello, de instituciones fuertes y respeto a las leyes, para avanzar no solo en términos de democracia, también en materia económica.
En el balance general de este Primer Informe de Gobierno, más allá del acto de divulgación ideológica que llamó “Tercer Informe de Gobierno al Pueblo de México”, destacan acciones, afloran errores y se vislumbran pendientes.
Lo bueno
En cuanto a lo positivo, destaca el compromiso con la austeridad en el uso de los recursos públicos, el anunciado ahorro por 145 mil millones de pesos, así como la colaboración con los gobiernos de los Estados para hacer un reparto equitativo de los recursos y favorecer a los estratos de la sociedad que han permanecido desprotegidos.
El histórico incremento al salario mínimo, el cual desde la Coparmex se impulsó para situarlo por encima de la línea del bienestar, fue avalado sinreservas por el presidente de la República, incrementándose un 16 por ciento hasta quedar en 102.68 pesos.
Celebramos la participación activa del gabinete económico para la preservación y aprobación de las negociaciones que llevaron a México, en esta administración, a la conclusión del T-MEC. México seguirá impulsando una relación estrecha y sumamente productiva con sus socios regionales, Estados Unidos y Canadá.
En el mismo sentido, es encomiable el fin del diferendo entre la Comisión Federal de Electricidad y las constructoras de gasoductos en México. Es un buen signo para el país en su conjunto, una señal de que se pueden corregir las decisiones radicales en el ámbito energético.
También destaca, en materia de seguridad, la creación y conformación de la Guardia Nacional para ayudar a erradicar la impunidad y fortalecer la investigación en el ánimo de disminuir los índices en la comisión de delitos, particularmente en las carreteras del país y en las ciudades más afectadas por la violencia.
Lo malo
Ahora bien, en estos primeros 275 días de la administración federal, ha habido faltas que resultaron costosas para el país. Es evidente que la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México marcará un hito en la presente administración.
Es un error histórico que ya ha costado la pérdida de confianza, cientos de miles de empleos, así como miles de millones de pesos, que serán pagaderos en varias generaciones de mexicanos. Esperamos que las resoluciones judiciales, den el espacio para la rectificación.
En cambio, el Presidente insistió que continuará con obras y proyectos de infraestructura, a pesar de que carecen del sustento técnico, legal y ambiental suficiente, como lo exige nuestro marco normativo.
Resultan lamentables los recortes presupuestales al Coneval y al INEGI, que comprometen la valoración acertada de las políticas públicas y, con ello, la mejor instrumentación de acciones de gobierno que efectivamente beneficien a las familias mexicanas.
Lo preocupante
Está claro, y el Presidente lo resaltó en su primer informe, que con el cambio de gobierno hay un evidente contraste con otras administraciones. Sin embargo, no se debe perder más tiempo en reinventar y reconstruir todo lo habido antes de la presente administración.
La cancelación de la Reforma Educativa, el congelamiento de la Reforma Energética –mediante la suspensión de las rondas petroleras y las subastas de electricidad– y la finalización de iniciativas sociales como las Estancias Infantiles, ponen en riesgo las oportunidades hacia adelante y los derechos ganados por los mexicanos.
Igualmente, en materia de desempeño económico no podemos ser muy optimistas. Las constantes revisiones a la baja sobre las expectativas de nuestro crecimiento son francamente desalentadoras. Ejemplo de ello, es el reciente dato provisto por el INEGI del 0.0% del crecimiento económico durante el segundo trimestre de 2019.
Lo mismo sucede con las alarmantes cifras de violencia y delincuencia al alza, que abonan a generar un clima de desconfianza e incertidumbre, ante la ausencia de una estrategia integral y real, de combate a la criminalidad en México. Ciertamente como lo asienta el presidente, no se trata de tomar las armas, pero resultan necesarias políticas públicas y operativas de inteligencia para desarticular las estructuras criminales que no solamente laceran la tranquilidad de los mexicanos, también inhiben la inversión regional.
Retos hacia adelante
En Coparmex señalamos cinco retos para el Gobierno de México, con el carácter de prioritario.
Primero. Sí combatir frontalmente la corrupción en todos los niveles y en todas las esferas, pero dejando a un lado las persecuciones y los ajustes de cuenta personales; que en todo momento prevalezca la justicia y el respeto a la Ley.
Para promover un uso racional de los recursos públicos y hacer valer el Estado de Derecho, es fundamental apuntalar mecanismos como el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Nacional Anticorrupción.
Segundo. Urgentemente, se deben frenar los índices de violencia y delincuencia, fortaleciendo los componentes de seguridad pública, para que las familias mexicanas puedan salir a las calles sin miedo y puedan vivir en condiciones de paz.
Es momento de dejar de culpar a las administraciones anteriores y asumir la plena responsabilidad del poder. Primero es la seguridad de los mexicanos.
Tercero. Atender los claros signos de desaceleración e impulsar el crecimiento de la economía nacional. Ni las críticas al llamado “neoliberalismo”, ni la retórica sobre lo que parece un “neoestatismo” niegan la importancia de crecer.
Lo hemos referido antes: sólo creciendo se puede aspirar al desarrollo constante y al bienestar de los mexicanos en el largo plazo.
Cuarto. Fortalecer la democracia y la participación social, que requiere el México del siglo XXI.
La democracia participativa implica el involucramiento de más ciudadanos, opinando en libertad sobre los temas que comprenden a la agenda pública, como la seguridad y la educación, la cultura y el turismo, los derechos humanos y el medio ambiente, entre otros. Las organizaciones de la sociedad civil están ahí para sumar a todas estas causas.
Y finalmente, quinto reto. Garantizar la tolerancia y las libertades.
Los constantes señalamientos a organismos calificadores, empresas y representantes de los medios de comunicación, incluso mediante adjetivos despectivos, promueven la intolerancia, la división de la sociedad y la afectación de las libertades de los ciudadanos que ejercen su derecho de opinar y disentir.
En Coparmex, hacemos un llamado muy respetuoso al Presidente para evitar cualquier manifestación que ponga en riesgo el marco democrático de nuestro país.
México tiene que recuperar el clima de confianza para atraer nuevas inversiones, generar empleos y detonar el desarrollo. No hay tiempo que perder.
En Coparmex, seguiremos aportando ideas y propuestas, incitando al diálogo entre sectores de la sociedad. También, señalaremos cuando el quehacer gubernamental ponga en riesgo la estabilidad del país y el bolsillo de las familias mexicanas.
Juntos y sólo juntos, podemos sumar a la causa que nos une, el desarrollo de México. Muchas gracias.
