- Representantes de organizaciones sociales, especialistas y legisladores exponen argumentos en contra en el foro “Acciones para salvaguardar tus derechos: Contención al Acuerdo Presidencial en Materia de Obras Públicas”.
- Resaltan implicaciones del acuerdo que afectan la transparencia, la rendición de cuentas, los derechos humanos e impiden el combate a la corrupción.
- Destacan que el desarrollo de infraestructura debe darse en un contexto de respeto pleno a las leyes.
El Acuerdo presidencial que en el primero de sus tres artículos declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura en diversos sectores, pone en peligro el orden constitucional y el Estado de Derecho, coincidieron los representantes de los organismos de la sociedad civil que integran los “Guardianes de la Constitución”.
En la inauguración del foro “Acciones para Salvaguardar tus derechos: Contención al Acuerdo Presidencial en Materia de Obras Públicas”, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora Icaza se pronunció por abrir a debate la pertinencia de este acuerdo “pero, sobre todo analizar la lógica que está detrás y las múltiples implicaciones que tiene”.
En su mensaje aseguró que el acuerdo emitido por el Poder Ejecutivo se suma a las iniciativas de ley, de reformas o de políticas públicas presentadas por el Gobierno de México en los últimos 36 meses que representan un atentado contra el espíritu de la Carta Magna y significan un paso atrás en el avance que había registrado nuestro país en la construcción de un sistema efectivo de pesos y contrapesos.
José Medina Mora sentenció que si bien el país necesita inversión en obras de infraestructura que pongan a México a la vanguardia, estas deben darse en un contexto de respeto a la ley, de transparencia, con cuidado al medio ambiente y respeto a las comunidades. “Hay cuestiones y proyectos que son de seguridad nacional y requieren ser manejados con discreción, pero ese criterio no debe convertirse en un pretexto ni en un cheque en blanco para atropellar derechos humanos”.
En su intervención, Moisés Castro Pizaña, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados (ANADE) destacó que tanto en el país, como a nivel mundial, los gobiernos se enfrentan a la tentación de pasar por encima de la Constitución para consolidar sus proyectos políticos, utilizando como argumentos las graves desigualdades sociales, la falta de oportunidades, corrupción, impunidad y malos gobiernos. Aunque pudieran existir coincidencias en el diagnóstico, consideró, no las hay en la forma de atender las carencias.
“La Constitución establece reglas a las que autoridades y gobernados debemos sujetarnos, por ello la importancia de mantener la independencia judicial como pilar fundamental de México; que sirvan los poderes constitucionalmente establecidos para limitar el ejercicio público y, si hay instituciones, leyes, programas o nuevas formas de gobernar, pues habrá que seguir el mismo marco constitucional y legal para ajustar en el camino, siempre respetando los derechos adquiridos de terceros: personas y empresas”, sostuvo.
Tras señalar que el Acuerdo implica la violación del Estado de Derecho, se pronunció por trabajar, desde la ANADE en el respeto y cumplimiento de la ley, por el fortalecimiento de un sistema de contrapesos y la existencia de organismos autónomos que resuelvan sobre aspectos técnicos y no sobre necesidades políticas del momento.
En su mensaje, Claudia de Buen Unna, presidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados reconoció el esfuerzo que realiza la sociedad en defensa del Estado de Derecho y la Constitución ante el endurecimiento de “la postura autoritaria del Gobierno Federal que ya no solo se augura sino que se avecina”.
Consideró que en un contexto histórico en el que los gobiernos han carecido de mesura y han llevado a cabo acciones pasando por encima de las leyes, el actual titular del Poder Ejecutivo no es la excepción, y resaltó su intención de transformar al país “haciendo a un lado las normas que le estorban para que en los 3 años que quedan puedan cumplirse sus designios o deseos. Nada más lejos de la verdad jurídica”.
Advirtió que México no requiere una transformación de golpe y el cambio que el Presidente quiere para el país “no se puede iniciar desconociendo derechos adquiridos y violando derechos humanos, dividiendo al país entre los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo con su proyecto; el cambio profundo debe de ser paulatino y a través del convencimiento, de la reeducación. De ninguna manera mediante imposición, autoritarismo y división”.
En su turno, Ángel García-Lascuráin Valero, presidente del Consejo Directivo Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) expresó la profunda preocupación del instituto ante el contenido del acuerdo, del que dijo “la seguridad nacional y el desarrollo económico son objetivos complementarios pero diferentes. No pueden igualarse los procedimientos de gestión de riesgos, a la seguridad del país, con la evaluación de proyectos de infraestructura cuyo objetivo es el impacto económico y social”.
García-Lascuráin Valero consideró riesgoso privilegiar la velocidad en la ejecución de proyectos por encima de la calidad, e incluso sobre la viabilidad de estos, y señaló que la falta de procedimientos y la clasificación de proyectos económicos como de seguridad nacional “atentan contra la transparencia, la rendición de cuentas y contra los derechos de los ciudadanos. Ello eleva el riesgo de corrupción y abona al clima general de incertidumbre que ha venido afectando a la inversión productiva”.
Tras señalar que el IMEF está favor de la implementación de políticas públicas que impulsen el desarrollo económico o de protección de la seguridad nacional, exhortó al Gobierno Federal a reevaluar los riesgos y posibles impactos negativos del acuerdo dado a conocer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en noviembre pasado.
Por su parte Salma Scarlet Hernández Sánchez, directora de comunicación del Capítulo Universitario Coparmex de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sostuvo: “el acuerdo impulsado por el Ejecutivo federal para que las obras y proyectos sean considerados de interés público y seguridad nacional sólo puede entenderse como un paso más hacia el autoritarismo”.
Agregó que la medida no solo es inconstitucional, sino que da carta abierta a la corrupción y niega a los ciudadanos la posibilidad de acceder a información elemental de cómo se gastan los impuestos. “Los jóvenes no queremos un Gobierno opaco ni que se afecte gravemente el orden legal, estamos cansados de la corrupción y sabemos que la mejor manera de combatirla es exponiendo al Gobierno y sus decisiones al escrutinio público”.
Luego de asegurar que debe ser el Presidente el primero en cumplir con lo establecido en la ley, sostuvo que éste debe cumplir con su compromiso y proteger los derechos humanos, el medio ambiente e impulsar procedimientos públicos donde haya competencia para las licitaciones y no recurrir tanto a las adjudicaciones directas. “Debe promover y respetar la división de poderes. En pocas palabras, el Presidente debe ser el primero que entienda que no puede haber nada ni nadie por encima de la ley”.
El Coordinador del Observatorio Nacional para el Respeto y Cumplimiento de la Constitución, José Mario de la Garza Marroquín, invitó a reflexionar acerca del objetivo de la convocatoria al Foro, una de ellas, como elemento para unir a la sociedad y con un lenguaje sencillo, defender a las instituciones y la Constitución.
En torno a las discusiones que ha generado el Acuerdo presidencial, sostuvo que Guardianes de la Constitución pretende ir más allá con la realización de este foro, pues luego del análisis de expertos en cuatro mesas de trabajo enfocadas a la perspectiva constitucional, las implicaciones del acuerdo en cuanto la protección del medio ambiente, aspectos de competencia económica, transparencia, rendición de cuentas y construcción de democracia, se busca generar estrategias para defender la Constitución.
“No solamente con las críticas, lo vamos a hacer, uno de los objetivos de Guardianes es: socializar y democratizar la información, por eso propusimos este debate de altura; el trabajo de Guardianes, además es plantear qué acciones de defensa se pueden impulsar y cuáles son los caminos que a través de nuestro sistema jurídico podemos construir (…) la defensa de la Constitución es un tema de mayor trascendencia e importancia para todos”, apuntó.
El foro “Acciones para Salvaguardar tus derechos: Contención al Acuerdo Presidencial en Materia de Obras Públicas” organizado por las instituciones y organismos que conforman Guardianes de la Constitución contará con cuatro mesas de trabajo en la que expertos dialogarán temas como:
La inconstitucionalidad del acuerdo y afectaciones a los derechos humanos; los riesgos y deterioro irreparable de los derechos ambientales; las implicaciones del acuerdo en materia económica; y las implicaciones del acuerdo en materia de transparencia, rendición de cuentas y las probables acciones de contención.
El acceso al contenido, análisis y conclusiones del foro está disponible a través de las redes sociales de los organismos convocantes.
