El Norte
Autor: Verónica Gascón
Ciudad de México.– La deuda pública en los Estados de Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Quintana Roo no sólo es grave, sino que corre el riesgo de ser insostenible, advirtió ayer Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la Coparmex.
El dirigente patronal alertó, además, que sospechosamente las autoridades federales han flexibilizado las reglas para gastar la deuda en pleno año electoral y demandó disciplina financiera.
“La situación del endeudamiento en varias entidades es grave”, dijo De Hoyos, que hizo referencia en su comentario semanal al nivel de deuda y su costoso servicio financiero, así como a los pasivos a corto plazo y con proveedores y contratistas.
“Coparmex considera que particularmente en los Estados de Quintana Roo, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Sonora”, subrayó, “debe ponerse atención al nivel de deuda pública, pues no sólo es elevada en estas entidades, sino que tienen posibles problemas de sostenibilidad”.
En el caso de Nuevo León, la advertencia de la Coparmex llega luego de que el año pasado la actual Administración estatal concretó un proceso de reestructura de 34 mil 478 millones de pesos de deuda.
El Tesorero estatal, Carlos Garza, informó en noviembre que seguirán buscando mejorar las condiciones de los altos pasivos que heredaron y que la reestructuración le permitiría ahorrar al erario 468 millones de pesos en el 2017 y 2 mil 685 millones al término del sexenio.
Ayer, De Hoyos exigió que, ante el endeudamiento excesivo, la Secretaría de Hacienda, la Auditoría Superior de la Federación, los Congresos locales y los órganos estatales de fiscalización cumplan sus responsabilidades.
De Hoyos señaló que es preocupante que las autoridades estén realizando contrarreformas en materia financiera.
En noviembre, ejemplificó, la Cámara de Diputados modificó la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios para dar mayor margen en el uso de ingresos excedentes que deben ir a pagar la deuda y fondos de desastres.
Desde este año, las reformas permitirán a los Gobiernos estatales usar en gasto corriente hasta 5 por ciento de sus excedentes si la entidad califica en un nivel de endeudamiento sostenible por parte de Hacienda.
“El que esta ‘flexibilización’ ocurra en un año electoral, además de ser contrario a la ortodoxia financiera, parece inoportuno y sospechoso.
“La preocupación es que los Gobernadores y Presidentes Municipales utilicen esta laxitud para desviar, a través de sofisticados y en ocasiones burdos mecanismos, recursos a maquinarias electorales”, dijo.
También advirtió que el endeudamiento a nivel federal ha aumentado notoriamente desde el 2008 y que el incremento no se ha visto reflejado en mayores y mejores servicios públicos o en reducciones notorias en la pobreza.
