• Nos congratula que se hayan tomado en cuenta los amicus curiae promovidos por Coparmex, Anade, Incam y otras organizaciones de la sociedad civil.
• La Constitución nuevamente fue respetada por los Ministros de la Corte

Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) celebramos y reconocemos la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar con argumentos jurídicos sólidos, la inconstitucionalidad de la segunda parte del llamado “Plan B” Electoral, por lo que seguirá vigente la legislación anterior.

Con esta determinación, tomada con 9 votos a favor y 2 en contra, quedan definitivamente sin efecto las reformas a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales y General de Partidos Políticos, así como de la nueva Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, aprobadas por la mayoría en ambas cámaras del Congreso federal.

Cabe resaltar que el pasado 11 de abril, junto con la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE) y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM) presentamos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación dos amicus curiae, en los que aportamos argumentos legales útiles para declarar inconstitucionales las dos partes del llamado “Plan B”, publicadas el 27 de diciembre de 2022 y el 2 de marzo de 2023, respectivamente. 

Uno de los argumentos centrales que expusimos, fueron las “graves infracciones al procedimiento legislativo”, pues demostramos que el trámite de aprobación de ambos decretos fue atropellado, antidemocrático y violentó el orden constitucional al quebrantar las fases del proceso legislativo, anular la deliberación democrática y no garantizar el derecho parlamentario de las minorías.

Nos congratula que en el proyecto de sentencia presentado por el Ministro Javier Laynez Potisek se haya retomado nuestra contribución, aunada a la de diversas organizaciones de la sociedad civil que quedaron integradas al expediente, y se tomaron en cuenta para el análisis de fondo. 

Esta acción es un ejemplo claro de que la voz de los ciudadanos sí tiene peso cuando se expresa a través de los mecanismos legales adecuados y es atendida por una autoridad abierta a escuchar argumentos y dispuesta a actuar en favor de un México donde las leyes se respeten.

En Coparmex estamos seguros de que a todos los mexicanos nos corresponde proteger los derechos y garantías que nos otorga nuestra Constitución. El respeto a nuestra Carta Magna es un pilar fundamental para mantener la vida en Democracia que hemos decidido vivir. 

En nuestra propuesta de un Modelo de Desarrollo Inclusivo (MDI) defendemos un Sistema Político Democrático y de Derecho con instituciones independientes, con leyes y reglas claras, estables y cumplibles, en donde prive el respeto a la división de poderes, el equilibrio entre gobierno y sociedad y la participación de los ciudadanos en las políticas y decisiones públicas.

La entrada Celebramos que la SCJN prevalezca la legalidad al resolver la nulidad de la segunda parte del Plan B electoral se publicó primero en Coparmex.

Cada vez son más frecuentes y graves los intentos por vulnerar el Estado de Derecho en nuestro país. Los ciudadanos no podemos permitir que esto siga sucediendo.

El poder y las acciones de un gobierno están limitados y regulados por las leyes y normas, que deben ser aplicadas de manera justa e imparcial a todos los ciudadanos por igual.

El Estado de Derecho es ese conjunto de normas, pero también de instituciones que las cumplen y velan por su correcta ejecución. Es un concepto central en las democracias modernas y busca garantizar que todos los individuos estén sujetos a la ley, incluidos los funcionarios gubernamentales y quienes integran a las diversas instituciones.

La Constitución fundamentalmente está pensada para acotar lo más posible al gobierno y darle la mayor libertad posible a los ciudadanos. Por lo tanto, si una autoridad viola la Constitución, lo que está atacando es la libertad y los derechos de todos nosotros.

Separación de poderes

La separación de poderes es un principio fundamental en un Estado de Derecho y en una democracia que busca evitar la concentración excesiva de poder en una sola entidad o individuo. Este principio se basa en la división de las funciones del gobierno en tres poderes independientes y equilibrados: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial.

Hemos sido testigos en los últimos meses de un hostigamiento reiterado al Poder Judicial para desacreditar a sus integrantes y minar su reputación. Ante esa embestida, desde COPARMEX y la sociedad civil hemos enviado múltiples mensajes de respaldo al Poder Judicial en su conjunto, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los magistrados y jueces que cumplen con su función pese a las presiones de índole política. Celebramos, por ejemplo, que hayan dado marcha atrás a la militarización de la Guardia Nacional y a la primera parte del Plan B de la reforma electoral porque ambas disposiciones vulneran los derechos de los ciudadanos.

La separación de poderes es precisamente el mecanismo establecido en nuestra Constitución para tener equilibrios, por lo que el Poder Ejecutivo y Legislativo no pueden pretender estar por encima del Judicial.

Desacato a mandatos judiciales

Muestra de esta violación al orden constitucional que garantiza los equilibrios es el desacato del Senado al mandato judicial para que se nombre a los 3 comisionados faltantes en el INAI. El desacato ha sido reiterado, ahora con la negativa a que se convoque a un periodo extraordinario para ello. El INAI que es una institución clave para que los ciudadanos podamos gozar de nuestro derecho de acceso a la información pública se encuentra inoperante desde el 1º de abril, por lo que nuestro derecho no puede ejercerse por un capricho de las autoridades y su insistencia de operar en la opacidad y discrecionalidad que abren la puerta de par en par a la corrupción.

Además, es inconcebible que el mismo día en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara la invalidez del Acuerdo presidencial promulgado el 22 de noviembre de 2021 conocido como el “Decretazo” por medio del cual el gobierno se autorizaba a sí mismo violentar las normas con tal de realizar sus proyectos prioritarios, el titular del Poder Ejecutivo revirara esa decisión del máximo tribunal al emitir un nuevo Decreto por el que se declara, nuevamente, de seguridad nacional las obras de infraestructura, con lo que evita que sus proyectos estén sujetos a la transparencia, al acatamiento de normas y a la supervisión ciudadana.

Ocupación temporal con el uso de las fuerzas armadas

La última y muy preocupante señal por parte de la autoridad fue el Decreto firmado el viernes 19 de mayo por medio del cual el Ejecutivo Federal declaró la ocupación temporal como bienes de utilidad pública de tres tramos de las líneas férreas de Ferrosur ubicadas en la zona de Coatzacoalcos y Cosoleacaque, Veracruz, propiedad de un grupo privado y que forman parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Con ello, las Fuerzas Armadas ocuparon de forma sorpresiva e inmediata instalaciones que estaban concesionadas a particulares. La Ley de Expropiaciones establece un procedimiento claro que debe acatarse en cuanto a la emisión de una declaratoria, a la notificación a los afectados y garantías para su derecho de audiencia; No obstante, la acción de la autoridad debe ser revisada para determinar si se apegó a la legalidad y evitar así una arbitrariedad.

Coincidimos con la autoridad en la necesidad de impulsar el desarrollo de las regiones menos favorecidas pero debe ser mediante el diálogo como pueden resolverse los problemas. Solo con el diálogo es posible llegar a acuerdos con los que ganen todos los mexicanos.

El llamado de COPARMEX

Es de extrema preocupación para el país el clima de reiterada violación a la legalidad y al orden constitucional. Las leyes se crearon para darle orden y cohesión a nuestra sociedad, por lo que es totalmente reprobable que desde la autoridad se pretenda romper con ello.

Los primeros en acatar la ley, porque así lo juramentaron, deben ser los servidores públicos. La señal que envía el gobierno de México al exterior es muy alarmante y puede propiciar un daño irreparable a la certidumbre jurídica y a la confianza para la inversión; sobre todo, frente a una oportunidad única como lo es el nearshoring.

La ley es la ley, y la división de poderes debe prevalecer.

El manejo de las finanzas públicas ha sido positivo, por lo que estos mensajes erróneos podrían tirar por la borda esos esfuerzos y acercar a México a una crisis.

Nuestro llamado es enérgico, es mucho lo que se está poniendo en riesgo. Se trata de los derechos de los mexicanos, se trata de las inversiones que tanto necesita el país para generar empleos y llevar ingresos a las familias, se trata de nuestra democracia.

Exigimos que se respete el Estado de Derecho. Exigimos que se acaten las resoluciones de la SCJN. Exigimos que la justicia se aplique en todo el país.

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• Celebramos que la SCJN haya impedido la transgresión a la Constitución, y con ello garantice elecciones libres y democráticas para los mexicanos.
• Seguiremos haciendo aportaciones a favor de la Democracia y el Estado de Derecho, como lo hicimos con los dos Amicus Curiae presentados en conjunto con la ANADE y el INCAM.

Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reconocemos los argumentos jurídicos y la defensa de la Constitución de la mayoría de las ministras y los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que decidieron, con 9 votos a favor y 2 en contra, declarar la invalidez de la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral debido a violaciones graves al proceso legislativo.

La resolución preserva el orden democrático y el Estado de Derecho, con ello la Suprema Corte defendió los derechos de los ciudadanos para que toda reforma legal cumpla con el debido proceso legislativo. En democracia las mayorías no pueden atropellar ni a la ley ni a las minorías.

Cabe resaltar que en uno de los dos amicus curiae que elaboramos y presentamos con la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM), como un aporte de la sociedad civil a la deliberación del Máximo Tribunal, señalamos que en la aprobación de las modificaciones que integran la primera parte del Plan B, no se garantizó el adecuado proceso legislativo que se establece en los artículos 71 y 72 de la Carta Magna.

Consideramos que la resolución se dio en un marco de estricto apego a la Constitución, al invalidar en su totalidad el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 27 de diciembre de 2022.

El decreto vulneraba el proceso legislativo respecto al derecho de deliberar y discutir las iniciativas de ley, como derecho de participación política, ya que no había fundamento alguno para que el proyecto se tramitara como “de urgente y obvia resolución”, ni para dispensar los trámites formales, necesarios para una adecuada discusión y aprobación de reformas, sobre todo por la trascendencia social de las que estaban a discusión.

Luego de la deliberación en el Pleno de la SCJN, en COPARMEX consideramos este como un día histórico en el que puede celebrarse la efectiva separación de poderes; reconocemos que la mayoría de los ministros hayan privilegiado el orden constitucional  frente a las presiones de índole política. Reiteramos nuestra confianza en la Suprema Corte y en su trascendental rol en la defensa y respeto al Estado de Derecho. Con su actuación independiente y apegada a la ley ganaron todos los mexicanos.

Reiteramos que el llamado Plan B, en su totalidad, no vela por el respeto a los derechos político-electorales de las y los mexicanos, por lo que confiamos en que la SCJN mantenga su postura firme de impedir que en nuestro país se transgreda la Constitución.

Seguiremos sumando colaboraciones para aportar al diálogo y al desarrollo democrático y plural de nuestro país. Queremos que todas las voces sean escuchadas y México crezca a partir de la deliberación respetuosa y la búsqueda de objetivos comunes.

En el Modelo de Desarrollo Inclusivo (MDI), que impulsamos como nuestra hoja de ruta hacia un futuro con igualdad de oportunidades para todos, proponemos la promoción de un Sistema Político Democrático y de Derecho, con instituciones independientes, con leyes y reglas claras, estables y cumplibles, para lo cual necesitamos: respeto a la división de poderes, equilibrio entre gobierno y sociedad y la participación de los ciudadanos en las políticas y decisiones públicas.

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• Significa un retroceso en materia de igualdad de género.
• Para que exista la democracia, primero los ciudadanos y luego los partidos.
• Millones de ciudadanos exigieron no tocar al INE ni al Tribunal Electoral, no debe dárseles la espalda

Frente a la iniciativa de Reforma Constitucional que busca restarle atribuciones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), hacemos un llamado a los partidos políticos para que se abstengan de realizar modificaciones a la Constitución que afectan principalmente a grupos vulnerables de la sociedad.

En Coparmex lamentamos que la pretendida transformación tenga por objetivo limitar la actuación del TEPJF en materia de paridad de género y acciones afirmativas para incrementar la participación de las mujeres, personas con discapacidad e indígenas en cargos de elección popular; conquistas que ha logrado la ciudadanía tras años de lucha por la democracia.

Es inconcebible que quienes se comprometieron con una Moratoria Constitucional y se sumaron a las voces que en los últimos meses han manifestado su rechazo al ataque incesante a los organismos autónomos que hacen posible la vida democrática en la nación, hoy propongan y respalden un plan para que, entre otros aspectos, el trabajo en materia de igualdad de género sea exclusivo de los partidos políticos.

Se trata de una reforma que atenta contra los Derechos Humanos, ya que reduce la competencia del Tribunal como garante constitucional y restringe su capacidad de control difuso de constitucionalidad o control concreto; capacidad que es fundamental para la conservación del Estado Constitucional de Derecho. Rechazamos que se le pretenda reducir a un tribunal constitucional su capacidad de interpretación de la ley, pues eso atenta de forma directa contra la tutela efectiva de los derechos políticos. Ha sido gracias a esa capacidad de interpretación constitucional que se ha logrado contar con una mayor inclusión política tanto de mujeres como de los grupos vulnerables.

Tal como lo hicimos ante el anuncio de la Reforma Electoral y del Plan B, advertimos que éste no es el momento de hacer cambios Constitucionales y reiteramos el llamado a los líderes parlamentarios para que no avance esta enmienda que echaría abajo los avances que se tienen y que han permitido la paridad en el Congreso y un aumento sustancial en el número de mujeres que hoy ocupan espacios de representación ciudadana.

En Coparmex rechazamos cualquier reestructura que no ponga al centro los derechos de los ciudadanos, como en este caso, donde se pone al centro el interés de los partidos políticos para no ser sancionados. Reiteramos, no es tiempo de reformas de este tipo. Más aún, este cambio no es una señal positiva para los electores cuando está en puerta un proceso tan importante, como el del 2024.

Si queremos que la democracia en México se fortalezca, primero los ciudadanos y luego los partidos. #YoDefiendoAlINE #ElTEPJFNoSeToca #ElTribunalNoSeToca

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• Se busca demostrar la inconstitucionalidad de las reformas y que sus efectos sean suspendidos de manera definitiva.

La Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dos amicus curiae sobre las afectaciones que en diversos ámbitos trae consigo la publicación y entrada en vigor de las reformas en materia electoral conocidas como el “Plan B” publicadas el 27 de diciembre de 2022 y el 2 de marzo de 2023, respectivamente.

Las tres organizaciones muestran con esta acción su confianza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la resolución conforme a derecho, y por ello aportan argumentos técnicos relevantes y opiniones jurídicas sólidas para que puedan ser tomados en cuenta por parte del Máximo Tribunal en el análisis y deliberación que se deberá realizar antes de dictar su resolución sobre los distintos medios de control que han sido presentados y que buscan declarar la inconstitucionalidad de las reformas aprobadas en el Congreso de la Unión.

Con una perspectiva jurídica-ciudadana, entre otras cosas, los amicus curiae destacan las graves infracciones al procedimiento legislativo, principalmente en lo relativo a la discusión y aprobación de las distintas iniciativas que forman parte de las reformas electorales.

Los escritos precisan, además, que el trámite de aprobación de ambos decretos fue atropellado, antidemocrático y violentó el orden constitucional al quebrantar las fases del proceso legislativo y anular la deliberación democrática. “Se menospreciaron los avances del derecho parlamentario que garantizan los derechos de las minorías que mantienen las garantías democráticas del futuro”, se asegura en uno de ellos.

Además, se explica que aun cuando el “Plan A” (es decir la reforma constitucional) fue rechazado por el Congreso, el Gobierno Federal le dio la vuelta a través de los cambios a las leyes secundarias -lo que conocemos como el “Plan B”- que es en sí, un desafío directo al orden constitucional y representaría el acto de imposición más serio en la historia reciente de nuestro país. “Un desafío grave, claro y directo del gobierno hacia las instituciones que tienen origen ciudadano”.

Otro de los argumentos presentados se refiere a las violaciones a la autonomía constitucional, pues la reforma ordena decisiones que corresponden solo al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), y no al Poder Legislativo.

Adicionalmente, aborda la perspectiva de los costos del sistema electoral y advierte que los ahorros son inciertos, por lo que los argumentos de la exposición de motivos de la reforma adolecen de un estudio serio que permita cuantificarlos de forma real. Por ello, la desaparición de áreas o la contratación de terceros no necesariamente tienen como resultado la optimización de los recursos.

Dado que las juntas distritales y locales son las que organizan las elecciones y controlan la integridad de los procesos, poner en manos de trabajadores eventuales estas tareas implica un rompimiento con el principio constitucional de certeza jurídica. “La logística de la elección está en riesgo. Supone un retroceso a la confianza ciudadana que detonará problemas entre dirigencias políticas”.

En cuanto al voto de mexicanos en el extranjero, la reforma plantea que sea el Poder Ejecutivo -y no el INE- quien, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, maneje el padrón respectivo en los procesos electorales mediante un proceso de credencialización.

En ese sentido, en el escrito se explica que abrir la posibilidad de aceptar el pasaporte como una identificación sustituta para votar debilita el control de las listas nominales, aunado a que la reforma electoral no establece aspectos clave para la recepción de votos en los consulados, la instalación de casillas, el manejo de paquetes electorales ni la autoridad encargada del recuento sin representantes de partidos.

El “Plan B” también vulnera el derecho humano a la protección de datos personales, previsto en el párrafo segundo del artículo 16 constitucional, en virtud de que la figura del “flujo de información institucional” permite que toda la información institucional que obra en poder del INE sea consultada por organismos públicos y partidos políticos sin que se hayan previsto garantías de seguridad adecuadas. La previsión de que los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) se instalen en bienes de dominio público pone en riesgo la confidencialidad y seguridad de los datos personales. La previsión de que el tratamiento indebido de datos personales no dará lugar a sanciones, tal como lo es el caso de un ciudadano afiliado a un partido político sin su consentimiento, fomenta la existencia de múltiples afiliaciones originadas con motivo de un tratamiento ilícito de datos personales. La posibilidad de inscripción en el Padrón Electoral de personas mexicanas que residan en el extranjero sin la necesidad de contar con credencial para votar vulnera el deber de seguridad de los datos personales. En tanto se afecta la integridad del Padrón Electoral y la autonomía presupuestaria y de gestión del INE, se compromete la implementación y mantenimiento de las medidas de seguridad adecuadas, necesarias y suficientes para proteger los datos personales bajo posesión del Instituto.

Luego de la entrega de los amicus curiae, la presidenta de la ANADE, Nuhad Ponce Kuri destacó la importancia de que nuestro máximo Tribunal del país cuente con los elementos técnico-jurídicos de carácter constitucional que le permitan proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía, razón por la cual se decidió presentar un documento que deje de manifiesto las razones por las cuales el denominado “Plan B” pone en riesgo la privacidad y la protección de datos personales. No puede haber bienestar social sin una democracia sólida.

Isabel Davara Fernández de Marcos, Vicepresidenta del INCAM aseguró que, “como abogados, nos honramos en acudir en auxilio de la ciudadanía”, y que el vehículo de amicus curiae permite el ofrecimiento de argumentos técnico jurídicos, de fondo, en defensa del Estado de Derecho, sus instituciones y los derechos humanos, como única alternativa al Estado de la fuerza.

Por su parte José Medina Mora, presidente nacional de COPARMEX destacó que los tres organismos comparten una firme creencia en la democracia y en su rol desde la sociedad civil para defenderla.”Presentamos estos amicus curiae porque confiamos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y respaldamos el trabajo de las Ministras y Ministros. Estamos seguros que resolverán con independencia, profesionalismo y apego a la Constitución. Hoy, la separación de poderes está a prueba, pero tenemos clara la certeza de que la vigencia de la ley va a prevalecer sobre cualquier presión externa o índole política”.

ANADE, INCAM Y COPARMEX, confían en que la información y los argumentos aportados ayuden a que la SCJN suspenda de manera definitiva los efectos de la citada reforma electoral, revise las distintas demandas de controversia constitucional y acciones presentadas por diferentes actores y declare la inconstitucionalidad del “Plan B” para evitar afectaciones al órgano electoral y a la democracia.

Los amicus curiae fueron firmados por Nuhad Ponce Kuri, presidente de la ANADE; Isabel Davara Fernández, vicepresidenta del INCAM; Arturo Pueblita Fernández, presidente del INCAM; Elsa Margarita Pazos González, presidenta del Comité Jurídico y de Justicia de Coparmex; Marcos Francisco del Rosario Rodríguez, integrante del Comité Jurídico y de Justicia de Coparmex y José Medina Mora Icaza, presidente nacional de la Confederación.

La entrada Presentan 2 escritos “amicus curiae”, que aportan elementos a la corte para evaluar la inconstitucionalidad del llamado “Plan B” se publicó primero en Coparmex.

• Modificaciones aprobadas por el Congreso de la Unión ponen en riesgo la elección del 2024
• En Coparmex respaldamos las acciones emprendidas para controvertir las reformas a leyes secundarias en materia electoral

Ante la aprobación en el Senado del “Plan B” que se presume es inconstitucional, en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) confiamos en que las Ministras y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizarán un análisis exhaustivo de los cambios a las leyes electorales y determinarán si existen o no elementos para suspender las modificaciones autorizadas por los legisladores.

Desde Coparmex insistimos en que los cambios propuestos en el “Plan B” representan una seria regresión democrática a un esquema de partido único. México no puede ni debe dar un paso atrás en las conquistas logradas por la sociedad civil organizada en décadas de lucha social que han permitido la consolidación de un sistema de elecciones confiable, cuya labor ha dado paso a la alternancia en el poder.

Consideramos necesario advertir que, de mantenerse las reformas a las leyes secundarias en la materia, se podría anular la elección del 2024, lo que derivaría en un clima de inestabilidad política que afectaría gravemente la vida social y minaría los esfuerzos para incentivar el desarrollo económico y la llegada de inversiones.

En ese sentido, las Ministras y Ministros de la SCJN tienen ante sí la oportunidad de reafirmar que en nuestro país se respeta la sana División de Poderes, y que por encima de cualquier interés personal o de grupo, prevalece lo dicho en la Constitución y el interés superior de las y los ciudadanos de vivir en un país libre, democrático y con plena vigencia del Estado de Derecho.

En Coparmex respaldamos aquellas acciones que, con base en la ley, defiendan nuestras libertades y derechos. Apoyamos las expresiones que se presenten para controvertir esta reforma que, como bien advirtió el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), pone en riesgo la transparencia, certeza y legalidad de las elecciones y representa un duro golpe a la democracia al intentar desmantelar a las instituciones que la tutelan.

Sabemos de la gran responsabilidad de las Ministras y Ministros cuyas decisiones serán trascendentales para la vida democrática de nuestra nación, y confiamos en su compromiso con el Estado de Derecho, por lo cual es imperante que de comprobarse la inconstitucionalidad del “Plan B”, determinen su suspensión y contribuyan así a que México siga siendo un país de instituciones.

La entrada Confiamos en que la resolución de la SCJN en cuanto al “Plan B” atenderá el mandato constitucional se publicó primero en Coparmex.

• Conminamos primero a senadores y luego a Ministros a defender la Constitución y la democracia.
• Los grandes perjudicados del Plan B serían los ciudadanos.
• Riesgos señalados por el Consejo General del INE, deben atenderse

En la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) estamos convencidos que hoy México no necesita una nueva legislación electoral y conminamos a los Senadores a no atentar contra los derechos político-electorales conquistados por los ciudadanos ante la posible discusión y aprobación de las reformas restantes que integran el Plan B.

También llamamos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que, tras la revisión de las acciones de inconstitucionalidad del “Plan B”, se declare que las reformas no se apegan a lo establecido en nuestra Carta Magna.

Como empresarios, pero sobre todo como ciudadanos, insistimos en que -tanto las actuales instituciones que organizan las elecciones como los procesos que se llevan a cabo para hacer posible la participación ciudadana libre e informada en periodos electorales- funcionan y cumplen su objetivo de brindar certeza a los ciudadanos en los periodos pre y postelectorales. Son resultado de una lucha ciudadana por décadas y que han demostrado ser exitosas durante los últimos 30 años: hoy los votos cuentan y se cuentan.

Antes de que se retome el proceso legislativo de los decretos que modifican distintas leyes en materia electoral, hacemos un último y enérgico llamado al Senado para que atiendan con responsabilidad las implicaciones que, tal como lo señaló el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), tendrán estas reformas en la celebración de elecciones libres.

Los ciudadanos serán los más perjudicados con el Plan B: Se pone en riesgo la posibilidad de tramitar o reponer su Credencial de Elector, se desmantelaría la estructura de Módulos del INE, se despediría a cerca de 2,000 funcionarios del INE que organizan las elecciones y capacitan a los ciudadanos para que instalen las casillas y cuenten los votos, afectaría la confiabilidad del Programa de Resultados Electorales Preliminares, y muchas otras acciones que serían daños irreparables a derechos ciudadanos.

Reiteramos que, si bien las normas son perfectibles, éste no es el momento de una nueva ley o legislación electoral, sobre todo, porque de aplicarse las modificaciones propuestas, generarían incertidumbre en todo el proceso electoral de 2024 en el que se tiene prevista la participación de por lo menos 95 millones de mexicanos para renovar, entre otros cargos, la Presidencia de la República, Diputados y Senadores, Congresos Estatales, así como nueve gubernaturas.

Coincidimos con el análisis de los consejeros del INE que señala puntualmente las afectaciones que habría al instituto, a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE´s) y a la democracia debido, entre otros aspectos, a la desaparición de vocales en las juntas distritales, lo que tendría como consecuencia la disminución del número de casillas instaladas poniendo en riesgo la elección e incluso podría darse la anulación.

Entre otros peligros están los relacionados con la autonomía del instituto, con la integración del padrón electoral, o con asegurar una contienda en la que exista equidad y una correcta fiscalización de los recursos utilizados para la contienda electoral.

En Coparmex creemos que la consolidación de un México democrático se alcanzará sí y sólo sí se respetan los logros alcanzados por la ciudadanía para contar con institutos ciudadanizados, autónomos e independientes, que garantizan elecciones libres, confiables y transparentes. Reiteramos el llamado a nuestros representantes y a los ministros de la SCJN para que desde sus atribuciones contribuyan a defender nuestra Constitución y nuestras libertades. México quiere seguir viviendo en democracia. ¡Ni un paso atrás, en COPARMEX decimos #YoDefiendoAlINE

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Alfredo González y Silvia Olvera de El Norte

El 2022 cerró con inquietudes que, como en la mayoría de los años previos, continuarán dentro de la lista de peticiones del nuevo que empieza.

En particular para el 2023 el foco está en las decisiones del Gobierno federal en diversos ámbitos.

Para este año, Óscar de Jesús Martínez, presidente de la Coparmex Nuevo León; Javier Arteaga, líder de la Canaco de Monterrey, y la Caintra Nuevo León, que preside Rodrigo Fernández, hacen este listado de peticiones:

Certidumbre

1. Que el Gobierno federal genere las condiciones de certidumbre para el desarrollo económico y social de México, y garantías para la disponibilidad de energía limpia, barata y constante.

2. Que incluya políticas a favor de la inversión, porque por un lado, el País está en un momento muy especial de crecimiento en atracción de empresas, pero por el otro, hay incertidumbre sobre el tema político y eso hace que algunos inversionistas se pongan más cautos.

INE

3. Inquieta el Plan B que restringe al INE porque es una reforma que está fuera de lugar, es inoportuna, no fue estudiada, ni consensuada y no le ayuda al País, por lo que la pondrán en manos de los Tribunales para que sea declarada inconstitucional.

Consensos

4. Mayor cuidado en consensuar con los actores económicos y sociales las reformas legislativas que proponga el Gobierno federal.

5. En el ámbito estatal piden que Gobierno y Congreso vean por el beneficio de Nuevo León y logren conciliar diferencias para evitar perjudicar a los ciudadanos.

Seguridad

6. Actuar con urgencia y en total coordinación con otras autoridades para recuperar altos niveles de seguridad pública.

7. Que los municipios aborden este tema con acciones de la policía de proximidad, que es a la que la ciudadanía recurre mucho, y aumentar la vigilancia a nivel barrios.

Transporte

8. Es urgente que la Administración del Gobernador Samuel García tome las acciones encaminadas a alcanzar un sistema de transporte público de calidad en el 2023.

Burocracia

9. A las autoridades estatales piden un profundo esfuerzo de eliminación y digitalización de trámites que lleve a Nuevo León a ser un Gobierno 100 por ciento digital.

10. A la par, los municipios deben replantear procesos adecuados y acordes a la Ley de Mejora Regulatoria, que aumenten la coordinación metropolitana, algo a instrumentar en conjunto con legisladores y con el Gobierno del Estado.

Salud

11. Que las autoridades mantengan restricciones del cubrebocas en lugares públicos, pero que no regresen a las medidas de cierres parciales y/o totales que aplicaron en el 2020 y el 2021, que dañaron mucho a la economía y empleo.

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