• Cualquier cambio en la materia debe de ser a través del diálogo social tripartito que ponga al centro el bienestar de los trabajadores.
• Trasladar recursos de las subcuentas de vivienda a un fondo común es contrario a la Constitución.

En la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, consideramos que cualquier reforma en materia pensionaria requiere un diálogo tripartito y poner a los trabajadores en el centro de las decisiones.

La iniciativa de reformas en materia pensionaria que se discute en el Congreso establece la conformación de un Fondo de Pensiones para el Bienestar que sería manejado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por el Banco de México. En este sentido, mostramos nuestra preocupación por la centralización de recursos que les pertenecen a los trabajadores en un Fondo en control del Gobierno Federal.

Además, la iniciativa deja diversos elementos inconclusos que ponen en riesgo la transparencia sobre el uso y destino de los recursos del Fondo. Desde COPARMEX, exigimos que se considere la formación de un Comité Técnico tripartita que salvaguarde el uso y destino de los recursos, y que asegure que estos cumplan su objetivo y se utilicen en beneficio de los trabajadores.

Cabe destacar que la existencia de comités tripartitos es una práctica común en los fondos de pensiones. Particularmente, está el caso del Fondo de Apoyo a las Necesidades de Vivienda de los Trabajadores (FANVIT) del INFONAVIT que cuenta con un comité especializado en inversiones con una composición tripartita y que se apega al régimen de inversiones legalmente establecido. 

La reforma considera trasladar al Fondo los recursos de las subcuentas de vivienda no reclamadas de personas con 70 años o más y que no estén activas. Sin embargo, esto es contrario a la Constitución que establece que la aportación patronal del 5% es exclusiva para la vivienda de los trabajadores y la facultad de administrar estos recursos recae en el INFONAVIT. Además, existe un precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que los recursos de la Subcuenta de Vivienda del Infonavit no pueden mezclarse con los recursos para el pago de pensiones.

Desde COPARMEX consideramos que cualquier nueva propuesta en la materia debe contar con un análisis integral para evitar cambios sin consenso.

En la Confederación seguiremos impulsando medidas que beneficien a los trabajadores y fomenten el empleo formal con el objetivo de garantizar una mejor calidad de vida para los mexicanos.

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• La decisión de la Segunda Sala de la SCJN beneficia a las empresas y a todas las familias mexicanas al eliminar condiciones monopólicas en el sector.
• Manifestamos nuestro rechazo al intento de llevar a juicio político al Ministro Alberto Pérez Dayán por emitir un voto de calidad a favor del proyecto.

En la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, celebramos la trascendente decisión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al declarar que diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica aprobada en 2021, transgreden los principios constitucionales de competencia, libre concurrencia y desarrollo sustentable.

De acuerdo con el Máximo Tribunal del país, esta legislación secundaria, en lugar de atender el criterio de eficiencia establecido en la Carta Magna, introdujo un orden de prelación en el despacho de energía eléctrica, determinando qué centrales generadoras inyectan primero su energía a la red nacional y así privilegiar a los generadores del Estado, es decir a la Comisión Federal de Electricidad y a las plantas asociadas a ella alterando el mercado eléctrico.

La SCJN también consideró que la Ley de la Industria Eléctrica vulneró los principios de competencia, libre concurrencia y desarrollo sustentable al establecer disposiciones para la asignación de los contratos de cobertura eléctrica y para el sistema de adquisición de certificados de energías limpias.

Es importante resaltar que, aunque la concesión del amparo parte de la queja de seis empresas, de acuerdo con el resolutivo de la Segunda Sala se generará la misma consecuencia para el resto de los agentes que participan en el mercado eléctrico mayorista, pues, de lo contrario, provocaría que se aplicaran reglas dispares a las empresas amparadas, contraviniendo los principios rectores fijados por la Constitución para ese mercado.

Por otra parte, desde COPARMEX manifestamos nuestro rechazo al intento de someter a juicio político ante el Congreso de la Unión al ministro Alberto Pérez Dayán por otorgar el voto de calidad en la discusión sobre la Ley de la Industria Eléctrica. Cabe destacar que de acuerdo con el artículo 56 de la Ley de Amparo: “Cuando uno de los ministros se manifieste impedido en asuntos del conocimiento del pleno o sala (como sucedió con Javier Laynez Potisek), los restantes calificarán la excusa. Si la admiten, éstos continuarán en el conocimiento del asunto; en caso de empate, quien presida tendrá voto de calidad”.

El Juicio Político es procedente cuando alguno de los servidores públicos previstos en el artículo 110 de la Constitución, redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. En tal sentido, como se advierte, el hecho de que el Ministro Pérez Dayán haya ejercido la facultad del voto de calidad, no entraña ningún de los referidos supuestos sino todo lo contrario: hizo valer la vigencia efectiva del orden constitucional.

Es importante recordar dos casos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que son precedentes vinculantes para el Estado Mexicano. El Tribunal Constitucional vs. Perú de 1999; y el Tribunal Constitucional vs Ecuador de 2013, en los que se establece que ningún juez constitucional puede ser juzgado por el ejercicio de sus facultades, de lo contrario, se estaría violentando el equilibrio de poderes y poniendo en riesgo la solvencia del Estado Constitucional de Derecho.

Desde la Confederación hacemos un llamado al respeto entre los Poderes de la Unión y a evitar ataques sin sustento contra los integrantes de la SCJN.

Así mismo, consideramos que la propuesta del Ejecutivo Federal de enviar una nueva reforma eléctrica para robustecer a la CFE, pero de las mismas características de la que acaba de ser rechazada en la Suprema Corte, sólo generaría incertidumbre entre los inversionistas y pondría en duda el respeto al Estado de Derecho.

El Poder Judicial ha cumplido una imprescindible labor para preservar la Constitución, la legalidad y los derechos de todos. Desde COPARMEX reiteramos el compromiso con la defensa de la libre competencia y la promoción de un entorno jurídico estable para las inversiones en el sector eléctrico. 

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• Senadores deberán analizar en profundidad el dictamen que les será enviado por los Diputados antes de su aprobación.
• COPARMEX se solidariza con los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

En la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) rechazamos la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos con que cuenta el Poder Judicial Federal (PJF), pues esta acción afecta directamente los derechos laborales de por lo menos 51 mil colaboradores a nivel nacional y trastoca los esfuerzos para garantizar el acceso a la justicia de todas y todos los mexicanos.   

Consideramos que la recién aprobada reforma al segundo párrafo del artículo 224 de la Ley Orgánica del PJF, por parte de la Cámara de Diputados, constituye un nuevo intento de someter a un poder del Estado por la vía económica, pues la extinción de estos fideicomisos que quitan al Poder Judicial recursos por el orden de los 15 mil millones de pesos, no contribuyen a la racionalización del presupuesto ni a la austeridad promovida por este gobierno sino al debilitamiento de un Poder autónomo.  

Sabemos, porque así está estipulado desde su creación, que los fideicomisos no son un privilegio, son economías que fortalecen y hacen posible la independencia del Poder Judicial, por lo que su eliminación supondrá repercusiones mayores en rubros como salario y prestaciones de los trabajadores, mismos que están establecidos en las leyes de nuestro país.  

Lamentamos que los diputados hayan aprobado la desaparición de fondos y fideicomisos que de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no permiten su uso para fines distintos a los establecidos para su creación y cuyo objeto es, en la mayoría de los casos, auxiliar a servidores públicos operativos en caso de extrema urgencia médica y para el pago de pensiones para mandos superiores, medios y personal operativo. 

Nos solidarizamos con los trabajadores del PJF en todo el país que hoy están en paro, con jueces, magistrados, ministros, con todas aquellas personas que colaboran y trabajan para este poder y llamamos a los Senadores de la República a que analicen con profundidad la decisión tomada por la Cámara baja, a que actúen conforme a la ley y no permitan mayores atropellos a la fuerza laboral ni a los ciudadanos que ven lastimado su derecho a una justicia pronta y expedita.  

México necesita un sistema de pesos y contrapesos que funcione, que evite la concentración de facultades, por ello, exhortamos a nuestros representantes en el Senado a que asuman con responsabilidad la decisión que habrán de tomar para que ésta sea acorde a nuestra Constitución y a las necesidades de nuestro país.  

Reiteramos también nuestra propuesta de que la Nación cuente con un presupuesto responsable, que responda a las peticiones de justicia, a los reclamos para acabar con la impunidad y la determinación social de fortalecer la democracia.  

Afectar a un Poder del Estado y a sus trabajadores, tal como está ocurriendo, nos aleja de los objetivos que tenemos como país de vivir en una nación en la que nada ni nadie está por encima de la Ley, en la que se respetan los derechos de todas y todos y en la que se busca alcanzar el Desarrollo Inclusivo tal como lo proponemos en Coparmex. 

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• A la fecha, se han acumulado casi siete mil recursos de revisión en el INAI sin resolver por falta de quórum legal.

Frente a la discusión de la Controversia Constitucional 280/2023 promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), confiamos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) seguirá defendiendo los derechos de la ciudadanía con la Constitución como base, en este caso, el ejercicio de nuestros derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales, bajo los argumentos presentados por el INAI en la controversia citada.

Reiteramos nuestra confianza en que nuestro Máximo tribunal resolverá, tal como lo hizo en el caso de la omisión de nombramientos de la Comisión Federal de Competencia Económica, en el sentido de que no hay razón válida, ni mucho menos legal, para que continúe inoperante el INAI y además se perpetúe el incumplimiento del Senado, bajo el supuesto de que la Constitución no establece un plazo específico para que se realicen los nombramientos. 

Confiamos en que la SCJN no avalará la reiterada y deliberada omisión de la mayoría legislativa en el Senado para obstaculizar sistemáticamente los nombramientos del INAI y permitirá el goce y disfrute de nuestros derechos humanos garantizando que el INAI sesione y se complete su Pleno, pues lo contrario es un cálculo político inaceptable del Poder Legislativo, que confiamos será enderezado por nuestro Poder Judicial para cerrar la puerta a la opacidad y la corrupción, además de impedir la continuidad de violación a nuestros derechos fundamentales. A la fecha, hay casi siete mil personas afectadas por la imposibilidad de que el INAI resuelva en Pleno sus recursos de revisión. 

Alzamos la voz para señalar que dejar inoperante al INAI, vulnera los derechos humanos de la ciudadanía y respaldaría un ataque institucional deliberado. 

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• Celebramos que la SCJN haya impedido la transgresión a la Constitución, y con ello garantice elecciones libres y democráticas para los mexicanos.
• Seguiremos haciendo aportaciones a favor de la Democracia y el Estado de Derecho, como lo hicimos con los dos Amicus Curiae presentados en conjunto con la ANADE y el INCAM.

Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reconocemos los argumentos jurídicos y la defensa de la Constitución de la mayoría de las ministras y los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que decidieron, con 9 votos a favor y 2 en contra, declarar la invalidez de la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral debido a violaciones graves al proceso legislativo.

La resolución preserva el orden democrático y el Estado de Derecho, con ello la Suprema Corte defendió los derechos de los ciudadanos para que toda reforma legal cumpla con el debido proceso legislativo. En democracia las mayorías no pueden atropellar ni a la ley ni a las minorías.

Cabe resaltar que en uno de los dos amicus curiae que elaboramos y presentamos con la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM), como un aporte de la sociedad civil a la deliberación del Máximo Tribunal, señalamos que en la aprobación de las modificaciones que integran la primera parte del Plan B, no se garantizó el adecuado proceso legislativo que se establece en los artículos 71 y 72 de la Carta Magna.

Consideramos que la resolución se dio en un marco de estricto apego a la Constitución, al invalidar en su totalidad el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 27 de diciembre de 2022.

El decreto vulneraba el proceso legislativo respecto al derecho de deliberar y discutir las iniciativas de ley, como derecho de participación política, ya que no había fundamento alguno para que el proyecto se tramitara como “de urgente y obvia resolución”, ni para dispensar los trámites formales, necesarios para una adecuada discusión y aprobación de reformas, sobre todo por la trascendencia social de las que estaban a discusión.

Luego de la deliberación en el Pleno de la SCJN, en COPARMEX consideramos este como un día histórico en el que puede celebrarse la efectiva separación de poderes; reconocemos que la mayoría de los ministros hayan privilegiado el orden constitucional  frente a las presiones de índole política. Reiteramos nuestra confianza en la Suprema Corte y en su trascendental rol en la defensa y respeto al Estado de Derecho. Con su actuación independiente y apegada a la ley ganaron todos los mexicanos.

Reiteramos que el llamado Plan B, en su totalidad, no vela por el respeto a los derechos político-electorales de las y los mexicanos, por lo que confiamos en que la SCJN mantenga su postura firme de impedir que en nuestro país se transgreda la Constitución.

Seguiremos sumando colaboraciones para aportar al diálogo y al desarrollo democrático y plural de nuestro país. Queremos que todas las voces sean escuchadas y México crezca a partir de la deliberación respetuosa y la búsqueda de objetivos comunes.

En el Modelo de Desarrollo Inclusivo (MDI), que impulsamos como nuestra hoja de ruta hacia un futuro con igualdad de oportunidades para todos, proponemos la promoción de un Sistema Político Democrático y de Derecho, con instituciones independientes, con leyes y reglas claras, estables y cumplibles, para lo cual necesitamos: respeto a la división de poderes, equilibrio entre gobierno y sociedad y la participación de los ciudadanos en las políticas y decisiones públicas.

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• Un país democrático fomenta el diálogo, la inclusión y el respeto a la pluralidad.
• Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá intervenir para revertir decisiones legislativas que así lo ameriten.

El primer periodo de sesiones del año en el Congreso que concluyó este 30 de abril estuvo marcado por la radicalización, la polarización y posibles fallas procesales que pudieran derivar en ilegalidades. En la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) rechazamos este comportamiento ya que un país que se precia de ser democrático no debe permitir ejercicios desaseados que atentan contra la voluntad ciudadana y la Constitución.

No estamos de acuerdo en que la elaboración o modificación de leyes que norman nuestras conductas como sociedad, nuestra vida política y económica y que todos debemos acatar, se realicen mediante procesos alejados de la deliberación pública, con una persistente negativa a escuchar de manera activa la opinión de la sociedad civil y, lo más importante, sin acatar la normatividad y el debido proceso legislativo.

Lamentamos profundamente que para la autorización de por lo menos 20 disposiciones que legisladores del partido en el poder y sus aliados aprobaron fast track, entre ellas la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), la extinción de Financiera Rural, las nuevas disposiciones en materia de licitaciones públicas, unificación de órganos internos de control, compras consolidadas y reorientación del pago de derechos de turistas extranjeros, la seguridad en aviación civil, cambio climático, así como la nueva Ley de General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, los grandes ausentes hayan sido la política, el diálogo y la voluntad de construir acuerdos.

En Coparmex estamos convencidos que no se justifica que el diseño, discusión y aprobación de leyes se dé por la vía rápida como lo que ocurrió con las disposiciones que profundizan en el control de las Fuerzas Armadas en tareas civiles como la gestión ferroviaria, aeroportuaria o su involucramiento en la política de promoción de la ciencia con las reformas que extinguieron al CONACYT.

La cerrazón y mucho menos la militarización son la solución; lo deseable es que prevalezca el diálogo, la inclusión y el respeto a la pluralidad. Las minorías no deben ser aplastadas o acalladas por las mayorías; deben ser respetadas, y su voz debe ser escuchada para alcanzar consensos y evitar imposiciones, que son propias de gobiernos autoritarios donde no existe el Estado de Derecho.

En los últimos días fuimos testigos del profundo desaseo con el que el Congreso aprobó leyes en nuestro país; es esencial y confiamos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revise lo aprobado por el Poder Legislativo y eche abajo cualquier iniciativa que vaya en contra de los establecido en nuestra Constitución.

México no puede ni debe ser presa de grupos políticos y sus intereses, es necesario que el Poder Judicial resuelva cualquier controversia, por el bien mayor de nuestro país.

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• Se busca demostrar la inconstitucionalidad de las reformas y que sus efectos sean suspendidos de manera definitiva.

La Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dos amicus curiae sobre las afectaciones que en diversos ámbitos trae consigo la publicación y entrada en vigor de las reformas en materia electoral conocidas como el “Plan B” publicadas el 27 de diciembre de 2022 y el 2 de marzo de 2023, respectivamente.

Las tres organizaciones muestran con esta acción su confianza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la resolución conforme a derecho, y por ello aportan argumentos técnicos relevantes y opiniones jurídicas sólidas para que puedan ser tomados en cuenta por parte del Máximo Tribunal en el análisis y deliberación que se deberá realizar antes de dictar su resolución sobre los distintos medios de control que han sido presentados y que buscan declarar la inconstitucionalidad de las reformas aprobadas en el Congreso de la Unión.

Con una perspectiva jurídica-ciudadana, entre otras cosas, los amicus curiae destacan las graves infracciones al procedimiento legislativo, principalmente en lo relativo a la discusión y aprobación de las distintas iniciativas que forman parte de las reformas electorales.

Los escritos precisan, además, que el trámite de aprobación de ambos decretos fue atropellado, antidemocrático y violentó el orden constitucional al quebrantar las fases del proceso legislativo y anular la deliberación democrática. “Se menospreciaron los avances del derecho parlamentario que garantizan los derechos de las minorías que mantienen las garantías democráticas del futuro”, se asegura en uno de ellos.

Además, se explica que aun cuando el “Plan A” (es decir la reforma constitucional) fue rechazado por el Congreso, el Gobierno Federal le dio la vuelta a través de los cambios a las leyes secundarias -lo que conocemos como el “Plan B”- que es en sí, un desafío directo al orden constitucional y representaría el acto de imposición más serio en la historia reciente de nuestro país. “Un desafío grave, claro y directo del gobierno hacia las instituciones que tienen origen ciudadano”.

Otro de los argumentos presentados se refiere a las violaciones a la autonomía constitucional, pues la reforma ordena decisiones que corresponden solo al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), y no al Poder Legislativo.

Adicionalmente, aborda la perspectiva de los costos del sistema electoral y advierte que los ahorros son inciertos, por lo que los argumentos de la exposición de motivos de la reforma adolecen de un estudio serio que permita cuantificarlos de forma real. Por ello, la desaparición de áreas o la contratación de terceros no necesariamente tienen como resultado la optimización de los recursos.

Dado que las juntas distritales y locales son las que organizan las elecciones y controlan la integridad de los procesos, poner en manos de trabajadores eventuales estas tareas implica un rompimiento con el principio constitucional de certeza jurídica. “La logística de la elección está en riesgo. Supone un retroceso a la confianza ciudadana que detonará problemas entre dirigencias políticas”.

En cuanto al voto de mexicanos en el extranjero, la reforma plantea que sea el Poder Ejecutivo -y no el INE- quien, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, maneje el padrón respectivo en los procesos electorales mediante un proceso de credencialización.

En ese sentido, en el escrito se explica que abrir la posibilidad de aceptar el pasaporte como una identificación sustituta para votar debilita el control de las listas nominales, aunado a que la reforma electoral no establece aspectos clave para la recepción de votos en los consulados, la instalación de casillas, el manejo de paquetes electorales ni la autoridad encargada del recuento sin representantes de partidos.

El “Plan B” también vulnera el derecho humano a la protección de datos personales, previsto en el párrafo segundo del artículo 16 constitucional, en virtud de que la figura del “flujo de información institucional” permite que toda la información institucional que obra en poder del INE sea consultada por organismos públicos y partidos políticos sin que se hayan previsto garantías de seguridad adecuadas. La previsión de que los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) se instalen en bienes de dominio público pone en riesgo la confidencialidad y seguridad de los datos personales. La previsión de que el tratamiento indebido de datos personales no dará lugar a sanciones, tal como lo es el caso de un ciudadano afiliado a un partido político sin su consentimiento, fomenta la existencia de múltiples afiliaciones originadas con motivo de un tratamiento ilícito de datos personales. La posibilidad de inscripción en el Padrón Electoral de personas mexicanas que residan en el extranjero sin la necesidad de contar con credencial para votar vulnera el deber de seguridad de los datos personales. En tanto se afecta la integridad del Padrón Electoral y la autonomía presupuestaria y de gestión del INE, se compromete la implementación y mantenimiento de las medidas de seguridad adecuadas, necesarias y suficientes para proteger los datos personales bajo posesión del Instituto.

Luego de la entrega de los amicus curiae, la presidenta de la ANADE, Nuhad Ponce Kuri destacó la importancia de que nuestro máximo Tribunal del país cuente con los elementos técnico-jurídicos de carácter constitucional que le permitan proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía, razón por la cual se decidió presentar un documento que deje de manifiesto las razones por las cuales el denominado “Plan B” pone en riesgo la privacidad y la protección de datos personales. No puede haber bienestar social sin una democracia sólida.

Isabel Davara Fernández de Marcos, Vicepresidenta del INCAM aseguró que, “como abogados, nos honramos en acudir en auxilio de la ciudadanía”, y que el vehículo de amicus curiae permite el ofrecimiento de argumentos técnico jurídicos, de fondo, en defensa del Estado de Derecho, sus instituciones y los derechos humanos, como única alternativa al Estado de la fuerza.

Por su parte José Medina Mora, presidente nacional de COPARMEX destacó que los tres organismos comparten una firme creencia en la democracia y en su rol desde la sociedad civil para defenderla.”Presentamos estos amicus curiae porque confiamos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y respaldamos el trabajo de las Ministras y Ministros. Estamos seguros que resolverán con independencia, profesionalismo y apego a la Constitución. Hoy, la separación de poderes está a prueba, pero tenemos clara la certeza de que la vigencia de la ley va a prevalecer sobre cualquier presión externa o índole política”.

ANADE, INCAM Y COPARMEX, confían en que la información y los argumentos aportados ayuden a que la SCJN suspenda de manera definitiva los efectos de la citada reforma electoral, revise las distintas demandas de controversia constitucional y acciones presentadas por diferentes actores y declare la inconstitucionalidad del “Plan B” para evitar afectaciones al órgano electoral y a la democracia.

Los amicus curiae fueron firmados por Nuhad Ponce Kuri, presidente de la ANADE; Isabel Davara Fernández, vicepresidenta del INCAM; Arturo Pueblita Fernández, presidente del INCAM; Elsa Margarita Pazos González, presidenta del Comité Jurídico y de Justicia de Coparmex; Marcos Francisco del Rosario Rodríguez, integrante del Comité Jurídico y de Justicia de Coparmex y José Medina Mora Icaza, presidente nacional de la Confederación.

La entrada Presentan 2 escritos “amicus curiae”, que aportan elementos a la corte para evaluar la inconstitucionalidad del llamado “Plan B” se publicó primero en Coparmex.

• Lamentamos que en la Cámara de Diputados no se haya alcanzado consenso para elegir en el Pleno a los nuevos funcionarios electorales.
• Reconocemos que se haya preservado el principio de paridad de género.

Una vez concluido el proceso de selección de los nuevos perfiles que se integrarán al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), confiamos en que quienes resultaron elegidos, actuarán sin sesgos partidistas y con estricto apego a la Constitución y a las leyes que de ella emanan, para mantener la autonomía del órgano ciudadano; garantizar elecciones libres, auténticas y periódicas; así como trabajar por el fortalecimiento de la democracia.

En Coparmex, antes de ser empresarios somos ciudadanos comprometidos en la defensa del Estado de Derecho y de las libertades para todos los mexicanos. Somos impulsores de los órganos autónomos que protegen y garantizan los derechos de los ciudadanos y por ello seremos vigilantes permanentes de que los consejeros del INE cumplan con su trascendente compromiso a favor de una democracia cada vez más sólida.

Reconocemos que los términos y plazos establecidos en la convocatoria se cumplieron en tiempo; no obstante, un importante aprendizaje en este proceso es mejorar los mecanismos legales para la confirmación del Comité Técnico de Evaluación (CTE), ya que es indispensable que los evaluadores sean personas objetivas, profesionales y sin ningún tipo de vínculos o compromisos políticos. No deben volver a ocurrir procesos cuestionados por filtraciones de información o exámenes, o con elementos de opacidad. En COPARMEX lo exigimos: los principios de máxima transparencia y publicidad son básicos para generar certidumbre.

Por otro lado, lamentamos que los liderazgos y las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados, no lograran un acuerdo que les permitiera elegir en el Pleno, a los nuevos consejeros bajo criterios de idoneidad.

En ese sentido, consideramos importante mencionar que no conocimos los criterios que se aplicaron para declarar la idoneidad de los candidatos y surgieron dudas respecto a los resultados del examen aplicado por su presunta filtración, sin embargo, reconocemos y celebramos que se haya preservado el principio de paridad que permitió que dos mujeres y dos hombres sean los relevos en el Consejo

Esperamos que los consejeros electos por el principio de insaculación, Rita Bell López Vences, Jorge Montaño Ventura y Arturo Castillo Loza, así como la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala, se conduzcan con independencia y respeto a las normativas vigentes y privilegien el diálogo y el consenso para evitar decisiones divididas que generen incertidumbre.

La ciudadanía exige procesos electorales eficientes, de calidad y confiables. Confiamos en que este nuevo Consejo sacará adelante las elecciones, particularmente la del 2024, considerada la más importante de la historia en el país por el número de puestos a renovar y porque se espera la participación de más de 95 millones de mexicanos con posibilidad de votar.

Exigimos que, como ha sido hasta ahora, el INE asegure procesos electorales confiables y transparentes que garanticen la vida democrática del país.

Desde Coparmex hacemos un llamado respetuoso a los nuevos consejeros, a la Consejera Presidenta y al Consejo General para que atiendan los retos, desafíos y oportunidades que tiene el INE. Es importante estar preparados para acatar y llevar a la práctica la resolución que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respecto del “Plan B” de la Reforma Electoral.

Confiamos en el nuevo Consejo General del INE y apostamos por su capacidad para seguir construyendo la democracia que México demanda.

Vigilaremos de cerca el trabajo que realicen y como ciudadanos, seremos aliados de las acciones que emprendan para avanzar en la construcción de un país confiable, con justicia, igualdad y paz social.

La entrada Confiamos en el INE. Los nuevos consejeros deben conducirse con independencia y con estricto apego a la ley se publicó primero en Coparmex.

En Coparmex, antes de ser empresarios somos ciudadanos preocupados y ocupados en trabajar a favor de la democracia y de un país de libertades para todos sus habitantes.

Consideramos que la elección de cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, INE, es una decisión de suma importancia para seguir fortaleciendo nuestro sistema democrático. Es prácticamente igual de relevante que el proceso de reforma electoral que está dirimiéndose en la SCJN, ya que se requiere que la composición del Consejo General del INE asegure la imparcialidad en la conducción de los próximos procesos electorales, pero además que el INE siga operando como lo ha hecho hasta hoy en beneficio de la ciudadanía.

Por ello, es imprescindible que el Comité Técnico de Evaluación, designado por la CNDH, el INAI y la Cámara de Diputados y encargado del proceso, garantice la transparencia y máxima difusión hacia toda la ciudadanía, para despejar cualquier duda sobre las distintas etapas y los resultados del mismo.

Hasta el momento se han cumplido dos de las cuatro fases para la selección de los consejeros: “la revisión del cumplimiento de requisitos constitucionales y legales”, así como la “evaluación de conocimientos en las materias constitucional, gubernamental, electoral y derechos humanos”, a través de un examen; preocupa que estén surgiendo cuestionamientos respecto a la certidumbre de los resultados del examen y que pudiesen existir sesgos de índole política o partidista.

Cabe recordar que la convocatoria establece que para garantizar la absoluta confidencialidad en la elaboración y aplicación del examen, se adoptarían las siguientes medidas:

1. La elaboración final del examen se llevará a cabo en un espacio seguro, con la participación exclusiva de los miembros del Comité Técnico de Evaluación.
2. La versión final será resguardada por dos integrantes del Comité Técnico de Evaluación, previamente seleccionados por unanimidad.
3. El examen se imprimirá el mismo día de su aplicación.

No obstante, el examen se realizó -no de forma impresa- sino de forma digital mediante el uso de tabletas electrónicas. En este punto, y frente a diversos cuestionamientos sobre los resultados del examen y los puntajes más altos obtenidos por los aspirantes, consideramos imprescindible que el Comité Técnico de Evaluación garantice que se hayan cumplido estas disposiciones y que no haya existido ninguna irregularidad para favorecer a ciertos candidatos y candidatas ni en la etapa del examen ni en las subsecuentes.

Cabe recordar que aún faltan dos fases más para llegar finalmente a la integración de cuatro quintetas de aspirantes (tres para consejeros y una para presidir el órgano electoral), por lo que es urgente que la sociedad mexicana cuente con todos los elementos que garanticen la confiabilidad e integridad del proceso de selección.

Esto será fundamental antes de pasar a la siguiente fase, en la que se hará la evaluación específica de la idoneidad de las personas que obtuvieron los puntajes más altos. En esta fase, y de acuerdo con la convocatoria, cada uno de los expedientes de las personas aspirantes se distribuirá de manera aleatoria y será revisado, al menos, por dos integrantes del Comité Técnico de Evaluación, quienes podrán excusarse de conocer algún caso específico si tuvieran un potencial conflicto de interés.

Para esta revisión en la que se analizará curriculum vitae y documentos de soporte (40 % de la calificación final); la exposición de motivos (30 %) y el ensayo entregado por los aspirantes (30%), los criterios a valorar son: autonomía e independencia; trayectoria profesional; logros y participación en materia democrática; principios democráticos, de género y de inclusión; virtudes, valores y ética profesional; vocación para el servicio público; claridad y calidad de la expresión escrita; capacidad de argumentación; así como capacidad de detección de problemas y soluciones del Sistema Electoral.

A la cuarta fase accederán un máximo de 100 personas con la mejor evaluación, asegurando la paridad de género, quienes participarán en una entrevista, con el propósito de aportar mayores elementos de juicio sobre su idoneidad para ocupar el cargo.

Desde Coparmex estaremos dando seguimiento puntual a las distintas fases y hacemos un llamado respetuoso a los integrantes del Comité Técnico para que realicen todo su esfuerzo y cumplan con el propósito de que las quintetas finales queden integradas por perfiles que sean idóneos e imparciales para ocupar los cargos tan relevantes de consejeros electorales. Por eso, pedimos particularmente que el Comité actúe bajo los principios de total transparencia y máxima difusión (máxima publicidad) en todo el proceso que abonen a generar y garantizar confianza en la ciudadanía.

En Coparmex seguiremos defendiendo la democracia y trabajando por un México donde se respete el Estado de derecho, exista un verdadero equilibrio entre poderes, y se consolide un sistema democrático y electoral sólido.

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• Modificaciones aprobadas por el Congreso de la Unión ponen en riesgo la elección del 2024
• En Coparmex respaldamos las acciones emprendidas para controvertir las reformas a leyes secundarias en materia electoral

Ante la aprobación en el Senado del “Plan B” que se presume es inconstitucional, en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) confiamos en que las Ministras y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizarán un análisis exhaustivo de los cambios a las leyes electorales y determinarán si existen o no elementos para suspender las modificaciones autorizadas por los legisladores.

Desde Coparmex insistimos en que los cambios propuestos en el “Plan B” representan una seria regresión democrática a un esquema de partido único. México no puede ni debe dar un paso atrás en las conquistas logradas por la sociedad civil organizada en décadas de lucha social que han permitido la consolidación de un sistema de elecciones confiable, cuya labor ha dado paso a la alternancia en el poder.

Consideramos necesario advertir que, de mantenerse las reformas a las leyes secundarias en la materia, se podría anular la elección del 2024, lo que derivaría en un clima de inestabilidad política que afectaría gravemente la vida social y minaría los esfuerzos para incentivar el desarrollo económico y la llegada de inversiones.

En ese sentido, las Ministras y Ministros de la SCJN tienen ante sí la oportunidad de reafirmar que en nuestro país se respeta la sana División de Poderes, y que por encima de cualquier interés personal o de grupo, prevalece lo dicho en la Constitución y el interés superior de las y los ciudadanos de vivir en un país libre, democrático y con plena vigencia del Estado de Derecho.

En Coparmex respaldamos aquellas acciones que, con base en la ley, defiendan nuestras libertades y derechos. Apoyamos las expresiones que se presenten para controvertir esta reforma que, como bien advirtió el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), pone en riesgo la transparencia, certeza y legalidad de las elecciones y representa un duro golpe a la democracia al intentar desmantelar a las instituciones que la tutelan.

Sabemos de la gran responsabilidad de las Ministras y Ministros cuyas decisiones serán trascendentales para la vida democrática de nuestra nación, y confiamos en su compromiso con el Estado de Derecho, por lo cual es imperante que de comprobarse la inconstitucionalidad del “Plan B”, determinen su suspensión y contribuyan así a que México siga siendo un país de instituciones.

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