• Presenta la Confederación su Monitor de Seguridad en el que se destaca que en 58 meses de la actual administración se han registrado 134 mil 594 homicidios, el doble que en el sexenio anterior.
• Cada día son asesinadas 85 personas en México.
• Sí es posible tener un México seguro, con justicia y en paz, señala el presidente del organismo, José Medina Mora al hacer un llamado a trabajar en una Agenda Nacional para lograr ese fin.

La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, presentó la edición más reciente de su Monitor de Seguridad, en el que se refleja que en la actual administración se ha registrado el doble de asesinatos, es decir homicidios dolosos más feminicidios, en comparación con el sexenio anterior; a pesar de que hay una disminución marginal de ese indicador entre enero y septiembre de 2023 y el mismo periodo de 2022. 

Ante esta alarmante situación, una de las principales propuestas de la Confederación es impulsar una Agenda Nacional por la Paz, en conjunto con la Conferencia del Episcopado Mexicano, los jesuitas, distintas iglesias, organizaciones sociales, la academia y ciudadanía en general.

En la presentación del estudio que forma parte del proyecto #DataCoparmex, el presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora Icaza, destacó que con base en datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros 58 meses de esta administración se han registrado 134 mil 594 homicidios en carpetas de investigación, un aumento del 50 por ciento con respecto al mismo periodo del sexenio anterior, en el que se contabilizaron 89 mil 860 carpetas por este delito.

Tan sólo de enero a septiembre de 2023 se han registrado 23 mil 241 víctimas de asesinato, frente a los 24 mil 60 que hubo en el mismo periodo de 2022, lo que representa una disminución de sólo 3.4%.

“Si bien se identifica una tendencia a la baja en estos delitos, ésta es marginal, no es una disminución contundente ni alentadora. No podemos ni debemos estar satisfechos con una reducción de apenas el 3.4% de asesinatos al comparar el periodo de enero a septiembre de 2023 contra los mismos meses del 2022 ¡Son 85 homicidios al día! Es brutalmente doloroso siquiera decirlo”, expresó el dirigente de Coparmex en la Rueda de Prensa para dar a conocer el análisis de estas cifras.

En cuanto a feminicidios, entre enero y septiembre de este año, se registraron 639 víctimas, una disminución de 13.2% con respecto al mismo periodo del año anterior; mientras que en homicidio doloso de mujeres se han contabilizado mil 955 víctimas, lo que implica una reducción de 7.8% con respecto a 2022. Actualmente, el tipo penal “feminicidio” existe en todas las entidades del país; sin embargo, las causales difieren entre entidades, por lo que es importante medir también los homicidios dolosos de mujeres para dimensionar el panorama completo de violencia en contra de ellas. La suma de ambos delitos, permite concluir que cada día son asesinadas 10 mujeres en México.

El dirigente empresarial también señaló que el presupuesto del próximo año incluye un incremento de recursos para las fuerzas armadas, pero una reducción para la seguridad pública en instituciones civiles. En 2015 se alcanzó el mayor presupuesto asignado para seguridad: 397 mil millones de pesos. De entrada, para 2024 el presupuesto es 4.3% menor que ese pico alcanzado hace 9 años.

Mylene Cano, economista en jefe de la Confederación y responsable del proyecto #DataCoparmex, detalló los resultados del Monitor de Seguridad, y destacó que la tasa de asesinatos por cada 100 mil habitantes a nivel nacional es de 23.6. Las entidades con mayor tasa son: Colima (120.1), Morelos (72.1) y Zacatecas (63.4), mientras que los estados con menores tasas son: Yucatán (1.9), Baja California Sur (3.5) y Coahuila (4.3). 

Resaltó que el 41 por ciento de los asesinatos del país se concentran en 5 entidades: Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua y Jalisco. También informó que, aunque en general hay una reducción marginal, en 14 entidades hubo un aumento en el total de asesinatos en comparación con el mismo periodo de 2022. Las que mostraron mayores incrementos porcentuales son: Campeche (pasó de 66 a 91 víctimas), Guerrero (pasó de 1,022 a 1,289 víctimas) y Morelos (pasó de 874 a 1,098 víctimas). 

Por otra parte, el 19.1% de las víctimas de asesinato acumuladas en el año, es decir, 4 mil 439, se concentran en 20 municipios del país. Los cinco de ellos con mayores tasas de asesinatos por cada 100 mil habitantes son: Colima (COL) con 146.2, Iguala de la Independencia (GRO) con 120.6, Salvatierra (GTO) con 111.7, Villa de Álvarez (COL) 103.9, y Guaymas (SON) con 98.3. La entidad que tiene más municipios dentro del Top 20 con mayor tasa de víctimas es Morelos con 4 (Emiliano Zapata, Yautepec, Cuautla y Temixco).

Frente a este panorama, Coparmex trabaja en propuestas de solución desde la raíz de la violencia que México padece. Una de ellas es la adhesión a la Agenda Nacional por la Paz, junto con otras organizaciones, que contempla 14 acciones locales y 7 nacionales. 

Además, desde el sector empresarial se trabajará en la conformación de una Red Estatal de Paz en cada entidad federativa a través de los 68 Centros Empresariales que conforman a la Confederación, las cuales estarán integradas por personas, organizaciones, colectivos, gobiernos locales e instituciones privadas interesadas en sumarse a las acciones o proyectos definidos. También se compartirá la Agenda Nacional por la Paz con todas las fuerzas políticas y candidatos buscando que, sin partidizar, sea incorporada en sus plataformas electorales.

“Sí es posible tener un México seguro, un México con justicia y un México en paz, pero requiere de las acciones que le corresponden por un lado a las autoridades, pero también de lo que podemos hacer desde la ciudadanía”, aseguró el presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora en su mensaje de cierre.  El informe completo del Monitor de Seguridad puede consultarse en la siguiente liga: 

El informe completo del Monitor de Seguridad puede consultarse en la siguiente liga: https://cpmx.me/3MIsPiy

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• La norma recién publicada es centralista, excluyente y violatoria de los DDHH.
• Además, profundiza en la militarización que se ha venido dando en los últimos cuatro años.

Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana, externamos nuestra profunda preocupación y rechazo al proceso de aprobación de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI) publicada el 08 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y a su contenido, pues este es centralista, excluyente, violatoria de los Derechos Humanos y profundiza la militarización del país.

Estamos convencidos que la tecnología, la ciencia y las humanidades, forman parte de los motores fundamentales para el crecimiento, desarrollo, bienestar y competitividad de los países y de las sociedades, de ahí que requieren de una visión de país incluyente y de futuro, donde las voces de los académicos e investigadores, sea escuchada y respetada.

Por lo tanto es muy alarmante que la nueva norma establezca que la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Humanidades y Tecnologías se integre exclusivamente por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), dejando fuera a universidades, centros de investigación, academia y asociaciones de instituciones de educación superior que, si bien pueden ser invitadas a las sesiones de la Junta de Gobierno, cuentan con voz, pero no con voto.

Lo anterior, margina a la comunidad científica y académica del país de la toma de decisiones neurálgicas en la materia y fortalece la militarización que se ha venido dando en el país, en este caso en el campo correspondiente a la ciencia y el conocimiento, pues entre las dependencias que integran la citada junta, se encuentran la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR) sin justificación alguna para ello.

Otros aspectos graves es que con esta nueva disposición se elimina la obligatoriedad del Estado de invertir al menos el uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en ciencia, tecnología e innovación, además de que se discrimina a los estudiantes e investigadores de instituciones particulares de educación superior en la entrega de becas, apoyos y estímulos relacionados con la formación e investigación científica.

Además, la Ley HCTI restringe el fomento y apoyo a proyectos y actividades de investigación diversos, que no sean prioritarios -según lo considerado en la Agenda Nacional- lo cual vulnera la libertad académica y de investigación y agrega un grado de discrecionalidad en la materia, todos, aspectos profundamente riesgosos y regresivos

Igual de preocupante que el contenido de la Ley resulta el proceso legislativo que se siguió para su aprobación. Fue una de las leyes aprobadas en el llamado “Viernes negro”, su aprobación fast-track no contó con la deliberación requerida al grado de dejar inconclusos los 7 parlamentos abiertos que se tenían programados, de los cuales solo se realizaron dos. Así que se trata de una norma que no atendió ni consideró las opiniones de expertos, de la sociedad civil, del sector empresarial ni de los investigadores y estudiantes. Se trató, por lo tanto, de la expedición unilateral de una Ley que no contiene las aportaciones diversas y plurales de la comunidad.

Coincidimos con el pronunciamiento de la Red Pro Ciencia MX, en el que señala la extrema gravedad de que la Ley haya sido aprobada tras dar crédito a información falsa, difundida por la dirección del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), en la que ofreció datos erróneos sobre la transferencia de recursos del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) para inculpar a compañías que no recibieron recursos públicos a través de ese plan.

En suma, esta normativa no abona a la conformación de políticas públicas acertadas, que estén a la altura del gran desafío que enfrenta nuestro país para lograr educación de calidad e igualdad de oportunidades que se deben crear desde el diálogo, la apertura y el consenso, sin imposiciones ni posturas excluyentes. Esta ley es un despropósito que borró de un plumazo los 42 años de experiencia acumulada del CONACYT. Exhortamos a los legisladores a agotar las instancias legales para que se determine la validez y constitucionalidad de una norma con marcados vicios de origen.

En el pilar Políticas Económicas de Mercado Solidarias que forma parte del Modelo de Desarrollo Inclusivo (MDI), impulsado por Coparmex, hacemos énfasis en que el impulso a la innovación y el crecimiento debe tener como atributo la investigación e innovación con impacto social, lo que implica un respaldo decidido al talento, así como a los incentivos a emprendedores, empresas y universidades. Nadie es mejor que todos juntos.

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